Esta es la historia de la Fundación Social Construyendo Vidas, que le destruyó los derechos laborales a manipuladoras del PAE bajo la mirada indolente de la Gobernación de Córdoba en la administración de Orlando Benítez.
El Programa de Alimentación Escolar, PAE en Córdoba, vuelve a estar en el huracán, tras un fallo del Tribunal Superior de Montería que confirma condena a la Fundación Social Construyendo Vidas y a la gobernación de Córdoba a pagar una millonaria suma por vulneración de los derechos laborales de manipuladoras de alimentos del mencionado programa durante la administración del entonces gobernador Orlando Benítez Mora.
El Tribunal confirmó sentencia de fecha 10 de diciembre de 2024 proferida por el Juzgado Quinto Laboral del Circuito de Montería.
Contexto.
Durante el 2022, la gobernación de Orlando Benítez en Córdoba adjudicó mediante licitación pública la operación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) a la Fundación Social Construyendo Vidas.
Esa administración expidió el contrato Número SE-LP-020-2021 vigente desde el 17 de marzo de 2022 hasta el 15 de febrero del 2023. Bajo el mismo se contrataron unas manipuladoras de alimentos para realizar labores en Instituciones Educativas oficiales de los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba.
Un grupo de manipuladoras de alimentos que trabajaron en la preparación y entrega de las raciones ese año, solo recibieron salarios cercanos a 300 mil pesos mensuales y nos les reconocieron prestaciones laborales (primas, cesantías, intereses sobre cesantías y vacaciones).
El Tribunal Superior de Montería confirmó una decisión judicial a favor de estas humildes trabajadoras y ordenó un reconocimiento económico millonario. El fallo le hace una llamado a los responsables de la supervisión del contrato y el control sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales, pero no atribuye responsabilidad al entonces gobernador Orlando Benítez.
Las demandantes en su momento argumentaron que se formalizó un contrato de trabajo verbal a término indefinido y que los anteriores contratos fueron terminados unilateralmente por la Fundación Social Construyendo Vidas al despedir injustamente a sus empleadas.
El apoderado del grupo de manipuladoras reclamó el pago de los derechos laborales e indemnizaciones a que tienen derecho las actoras y pidió que se condene a la Fundación al pago por concepto de nivelación salarial entre el sueldo devengado en el año 2022 que fue de 300 mil pesos y el salario mínimo legal mensual vigente que fue de un millón de pesos.
