El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible emitió la Resolución número 1070 del 21 de agosto de 2026, mediante la cual se ordenó la suspensión temporal de las quemas abiertas controladas en áreas rurales en todo el territorio nacional. Esta medida de carácter preventivo se fundamenta en las disposiciones constitucionales y legales vigentes que obligan al Estado a proteger la diversidad, garantizar el derecho a un ambiente sano y prevenir factores de deterioro ambiental, tales como incendios forestales y daños a los recursos naturales. La decisión retoma normativas como el Decreto Ley 2811 de 1974 y el Decreto Único Reglamentario 1076 de 2015, los cuales establecen estrictas prohibiciones sobre la incineración de sustancias tóxicas, la quema de vegetación natural protectora y el manejo de desechos sólidos, con el fin de salvaguardar los ecosistemas, la salud pública y la atmósfera del país ante situaciones de riesgo.
