En una visita oficial a la capital de La Guajira, el Ministro de Defensa, Pedro Sánchez, brindó un espaldarazo contundente a los uniformados que interceptaron un cargamento de 145 millones de pesos en efectivo y propaganda política. El operativo, que ha generado un fuerte choque de versiones institucionales, es pieza clave en la estrategia del Gobierno para frenar los delitos electorales a pocos días de los comicios.
El ministro Sánchez no solo defendió el procedimiento, sino que entregó incentivos (cuatro televisores) a los policías de tránsito que realizaron la captura. Según el jefe de la cartera, el dinero estaba distribuido en sobres con nombres, números telefónicos y destinos específicos, todos escritos con la misma caligrafía. “El mensaje es claro: no vamos a tolerar delitos electorales. Que las autoridades definan para quién iba ese dinero”, sentenció Sánchez, quien además anunció una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que permita anticipar fraudes en las urnas.
El caso ha escalado a nivel nacional debido a las declaraciones de Augusto Rodríguez, director de la UNP, quien entregó a Blu Radio una versión que pone en duda la cadena de custodia. Rodríguez manifestó que el secretario de la Cámara, Jaime Luis Lacouture, le informó basado en el testimonio de su escolta que supuestamente fueron los mismos policías quienes escribieron los nombres de los políticos en los sobres tras el decomiso.
Ante estas afirmaciones de presunta alteración de pruebas, el Ministro de Defensa fue enfático al asegurar que los uniformados “no alteraron absolutamente nada” de lo hallado en el vehículo y que la evidencia técnica demuestra la procedencia del dinero y la publicidad política vinculada a un candidato al Senado.
Este operativo en La Guajira se suma a las recientes incautaciones en Montería y Cúcuta, que en total superan los 726 millones de pesos. Las autoridades mantienen una vigilancia especial en los corredores viales del Caribe y la frontera, donde el flujo de dinero en efectivo ha encendido las alarmas de la Misión de Observación Electoral y los organismos de control.
