En los corrillos políticos de Momil toma fuerza una versión: que el alcalde Efrén Puche Carrascal prepara un proyecto para pedirle al Concejo autorización de un empréstito superior a $5.000 millones.
Todavía no es un hecho público y documentado. Es, por ahora, una alerta. Y basta para abrir el debate.
La pregunta no es menor: ¿por qué endeudar al municipio ahora, cuando la administración entra en su último año?
El contexto pesa. Según la información que circula sobre el control fiscal de la vigencia 2025, la Contraloría de Córdoba habría reportado 28 hallazgos administrativos en Momil: 14 con presunta incidencia disciplinaria, seis fiscales por cerca de $1.060 millones y dos con presunta incidencia penal.
En paralelo, el municipio habría obtenido apenas 22 % en el Índice de Gestión de Proyectos de Regalías del segundo trimestre de 2026, entre los últimos lugares de Córdoba.
A eso se suma un antecedente ya público: en 2026 la Contraloría General de la República compulsó copias a la Fiscalía por presuntas irregularidades en un convenio de $2.100 millones con Asomucosta para reforestación en la Ciénaga Grande del Bajo Sinú. No es el empréstito. Pero sí es una señal de que el manejo de recursos en esta administración no está fuera de la discusión.
Con ese telón de fondo, un crédito de $5.000 millones no se discute a puerta cerrada. Exige respuestas concretas: ¿para qué obras o programas?, ¿cuánto terminará pagando Momil con intereses?, ¿a cuántos años?, ¿qué rentas se pignoran?, ¿cuál es la capacidad real de pago?
