Una doble estocada institucional tiene contra las cuerdas a la representante a la Cámara por Antioquia del Pacto Histórico, Luz Verónica Estrada Holguín. Lo que comenzó como un cuestionamiento a su supuesto título de ingeniera de minas y metalurgia escaló en las últimas horas: ni la Universidad Nacional la reconoce como egresada, ni el colegio de su natal Caramanta avala que haya terminado el bachillerato.
El castillo de naipes académico de la congresista de 27 años —quien llegó al Capitolio en 2026 tras obtener más de 7.000 votos en la consulta interna de su colectividad en 2025— se desmoronó tras la verificación de sus credenciales ante distintas entidades:
Sin rastro en la Universidad Nacional: La sede Medellín de la institución certificó que Estrada nunca estuvo matriculada ni obtuvo el título de Ingeniería de Minas y Metalurgia en noviembre de 2021, como figuraba en el diploma presentado ante el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia). El organismo ya le había negado la matrícula profesional y compulsó copias a la Fiscalía.
Tampoco terminó el colegio: La Institución Educativa Juan Pablo Gómez Ochoa, de Caramanta (Antioquia), calificó como falsos e ilegales el diploma y el acta de grado de bachiller técnico comercial fechados en noviembre de 2017. Según los registros oficiales del plantel, en ese año Estrada figuraba matriculada como estudiante repitente de octavo grado y su nombre no aparece entre los graduandos. Incluso, la secretaria administrativa del colegio denunció públicamente que su firma fue falsificada en dichos documentos.
Experiencia laboral en entredicho: A las dudas académicas se sumó el pronunciamiento de la empresa minera Aris Mining, que desmintió una certificación presentada por la congresista donde aseguraba haber sido «jefe de mina», aclarando que se desempeñó únicamente como operaria en un cargo que no exigía título profesional.
Consecuencias políticas y judiciale
Aunque la Constitución colombiana no exige títulos académicos para ocupar una curul en el Congreso, el uso de presuntos documentos falsos para suscribir contratos estatales —entre ellos uno con la DIAN en 2025 por 78 millones de pesos— ya desencadenó una tormenta judicial y política.
Actualmente, la Fiscalía General de la Nación adelanta tres indagaciones por falsedad en documento, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria y congresistas de distintas bancadas radicaron una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia. Por su parte, el Pacto Histórico remitió el caso a su Comité de Ética, mientras que figuras dentro de su propio partido, como el representante Agmeth Escaf, ya le pidieron públicamente que renuncie a su curul para afrontar su defensa sin fuero parlamentario.
