El Consejo de Estado rechazó una demanda de pérdida de investidura contra 28 congresistas del Pacto Histórico, entre ellos la senadora y precandidata presidencial María José Pizarro, presentada por un ciudadano que argumentaba que habían incurrido en un conflicto de intereses al impulsar un artículo de la reforma política que eliminaba sanciones por violación de topes electorales.
Sin embargo, el tribunal concluyó que no había evidencia de beneficio particular para los congresistas o sus allegados, y que la modificación propuesta no afectaba investigaciones en curso contra ellos.
“No puede admitirse la prevalencia de un supuesto beneficio que obligara a la declaración de impedimento, pues en tal circunstancia podrían estar involucrados no solamente los aquí encausados sino los demás parlamentarios lo que, eventualmente, afectaría el cuórum requerido para emprender reformas de este tipo”, indicó la sentencia.
Asimismo, el Consejo de Estado determinó que no había pruebas de esas presuntas inhabilidades.
“En suma, la Sala considera que no se configuró el elemento objetivo de la causal de conflicto de intereses y, en consecuencia, se releva de estudiar el elemento subjetivo; por ende, no es necesario entrar a determinar si la conducta reprochada fue gravemente culposa o dolosa. Así las cosas, la Sala negará las pretensiones de la solicitud en relación con los congresistas acusados», indicó la corporación.
La decisión del Consejo de Estado se basó en el análisis de la sentencia, que determinó que la modificación propuesta no tenía un impacto directo en investigaciones o procesos en curso contra los congresistas acusados o sus allegados cercanos.
