La Fiscalía Seccional de Chinú notificó nuevas órdenes de captura contra Juan Fernando Soto Garcés y Cristian Mauricio Petro Almanza en la cárcel de mediana seguridad de Cómbita, Boyacá, esta vez por el delito de desaparición forzada.
Con este movimiento judicial, el ente investigador busca evitar que los procesados por el crimen del ganadero sucreño Esteban Urueta y de sus trabajadores Fredys Beleño y Gerardo Marzola recuperen la libertad, luego de que vencieran los términos procesales en el expediente que se les seguía por abigeato.
De acuerdo con un informe de la policía judicial con fecha del 3 de noviembre de 2026, los dos imputados rechazaron la notificación oficial en sus celdas al negarse a recibir y firmar la documentación remitida por la autoridad penal.
Pese a esta postura, la acción fiscal mantiene tras las rejas a Soto Garcés y Petro Almanza, sobre quienes pesa una compleja lista de cargos que incluye homicidio agravado, porte ilegal de armas de fuego, hurto calificado y agravado, e incineración y destrucción de elementos materiales probatorios.
El expediente reconstruye los dramáticos hechos ocurridos hace dos años en la zona rural del municipio de Chimá, Córdoba, donde las tres víctimas desaparecieron y posteriormente fueron halladas sin vida dentro de una fosa común, en un suceso que generó una fuerte consternación social en la región del San Jorge y el departamento de Sucre.
Al imputarles la desaparición forzada —un delito imprescriptible y de máxima severidad en el código penal colombiano—, la Fiscalía abre una vertiente clave en las investigaciones para blindar el avance del juzgamiento, mientras los familiares de los fallecidos y la comunidad ganadera de la costa norte demandan celeridad en el esclarecimiento definitivo del triple homicidio.
