En un giro trascendental para la justicia colombiana, las autoridades emitieron órdenes de captura contra siete máximos cabecillas de la denominada ‘Segunda Marquetalia’, señalándolos como los presuntos autores intelectuales del asesinato del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. Entre los requeridos se destaca Luciano Marín Arango, alias ‘Iván Márquez’, jefe de la estructura disidente.
El director de la Policía Nacional, general William Rincón, anunció el lanzamiento de una estrategia de búsqueda de alta prioridad para localizar a los implicados en el crimen que sacudió al país a mediados de 2025. Como parte de la ofensiva, el Gobierno Nacional ratificó una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos por información efectiva que conduzca al paradero de Márquez y su cúpula.
«No permitiremos que este magnicidio quede impune. Estamos activando todos los mecanismos de inteligencia y cooperación para dar con los responsables de este atentado contra la democracia», afirmó el alto oficial durante una rueda de prensa.
Las investigaciones adelantadas por la Fiscalía General de la Nación vinculan directamente al grupo de Márquez con la planeación y ejecución del atentado en Bogotá. El ente acusador sostiene que el magnicidio fue una acción coordinada desde la clandestinidad por quienes abandonaron el proceso de paz en 2019.
Este proceso judicial se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente de la violencia política en Colombia. Mientras la Fuerza Pública intensifica operativos en zonas de frontera y enclaves estratégicos, la ciudadanía ha sido convocada a colaborar bajo absoluta reserva para desarticular el mando de esta organización armada.
