En un comunicado emitido desde Montelíbano, Córdoba, con fecha del 1 de julio de 2026, la empresa minero-industrial Cerro Matoso informó a la opinión pública, a las autoridades y a la comunidad que se ha visto obligada a reducir su operación en un 25%. Esta alarmante disminución en su ritmo de actividad es el resultado directo de una decisión unilateral por parte de la firma Canacol Energy, la cual restringió el suministro de gas natural requerido por la planta a solo 7.000 MBTU, lo que representa un recorte del 55% del volumen total que se encontraba contratado. De acuerdo con la compañía afectada, esta determinación desconoce las condiciones contractuales que se mantienen vigentes entre ambas partes.
El impacto de esta medida es crítico y afecta directamente la capacidad productiva de Cerro Matoso, traduciéndose en la suspensión parcial de varios de sus procesos operativos. La empresa advirtió que esta parálisis pone en riesgo cientos de empleos directos, un número importante de contratos con proveedores y contratistas de bienes y servicios, así como aportes millonarios al desarrollo de Córdoba y el país. Los recursos que hoy penden de un hilo representan cerca de 3.000 millones de pesos diarios por concepto de regalías, impuestos y compras locales, los cuales benefician de forma directa a miles de familias en la región. Asimismo, la firma alertó que, de mantenerse o incrementarse la restricción en los próximos días, se verá en la penosa obligación de detener por completo la operación de una de sus dos líneas de producción, lo que recortaría a la mitad la capacidad productiva total de Cerro Matoso y profundizaría las pérdidas de empleo y aportes al país.
La raíz de este conflicto contractual se remonta a comienzos de mayo, cuando Canacol Energy presentó ante una corte de Canadá una solicitud para dar por terminados de manera anticipada los contratos de suministro de gas vigentes en Colombia que se extienden hasta el año 2029, incluyendo el de Cerro Matoso. La semana pasada, la Corte de Alberta (Canadá) falló en primera instancia a favor de dicha pretensión. Ante este escenario internacional, Cerro Matoso dispone de un plazo de 21 días para pedir al juez de primera instancia la autorización que le permita apelar el dictamen ante la Corte canadiense de segunda instancia, buscando que sea revocada. La empresa colombiana enfatizó que acudirá a todos los mecanismos y vías jurídicas pertinentes para proteger sus derechos y asegurar la continuidad de su planta, lamentando que, a pesar de su disposición de buena fe para negociar soluciones equilibradas, los espacios promovidos en el exterior fueron limitados y las propuestas de Canacol contemplaban aumentos tarifarios desproporcionados y sin compromisos firmes en las cantidades a suministrar.
Frente al plano nacional, la Superintendencia de Sociedades es el órgano competente encargado de evaluar si la decisión que adopte finalmente la justicia de Canadá puede ser acogida o no en territorio nacional, un análisis que deberá ponderar la soberanía nacional, la seguridad energética y el orden público colombiano. Por tal motivo, Cerro Matoso extendió un llamado de máxima urgencia a la Superintendencia de Sociedades, a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y al Ministerio de Minas y Energía para que intervengan de inmediato. La compañía solicita acciones institucionales oportunas para hacer respetar el ordenamiento jurídico de Colombia y salvaguardar los derechos de los trabajadores, contratistas y las más de 50.000 personas que dependen económica, directa e indirectamente, de esta operación minero-industrial estratégica.
