La Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la posesión de Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia, enmarcando este nombramiento dentro de la primera rotación de magistrados en la historia de dicha Sala. Hasta el momento, este proceso de renovación ya cuenta con dos nuevas integrantes elegidas, quedando pendiente la designación de una tercera magistrada para completar la integración del tribunal que estará conformado exclusivamente por mujeres.
La jurista ibaguereña y egresada de la Universidad de Ibagué ha enfocado gran parte de su trayectoria profesional en el derecho penal. Su recorrido laboral incluye más de cinco años en la Procuraduría desempeñándose como delegada en asuntos penales ante la Sala de Casación Penal, además de haber ocupado cargos en la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Corte Suprema de Justicia como jueza de la misma Sala, y su labor en la academia y la investigación jurídica. Asimismo, es doctora en Derecho, especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses, y cuenta con formación adicional en ciencias forenses y estudios políticos.
Junto con Ramírez Barbosa, el alto tribunal eligió a Emérita del Socorro Mora Insuasty como magistrada de esta misma Sala, quien posee trayectoria como magistrada de la Sala Penal del Tribunal de Cali, fiscal delegada ante jueces del circuito en Cartagena y juez de instrucción en Putumayo. Ambas designaciones reafirman el avance en la renovación de este organismo que tiene la responsabilidad de juzgar en primera instancia a congresistas, ministros, exministros, directores de altas entidades del Estado, generales y magistrados, tras las investigaciones adelantadas por la Sala Especial de Instrucción. En sus ocho años de funcionamiento, esta instancia judicial ha acumulado un balance de 522 procesos recibidos y 1.908 audiencias realizadas en casos contra altos funcionarios del Estado, destacando un informe donde se evidenció que gobernadores y congresistas concentraron la mayoría de las condenas por delitos de corrupción y contratación pública, siendo las conductas más recurrentes el contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el peculado y las falsedades documentales.
