El presidente Gustavo Petro elevó una serie de solicitudes urgentes a los organismos de control y seguridad para frenar lo que denominó como una estructura de «corrupción electoral» arraigada en el departamento de Córdoba.
A través de sus canales oficiales, el jefe de Estado instó a la Fiscalía General de la Nación a ejecutar allanamientos inmediatos en puntos específicos que, según denuncias ciudadanas y reportes de la Policía, estarían funcionando como centros de compra de votos.
El mandatario no solo dirigió sus dardos a las redes externas, sino que puso bajo sospecha la transparencia interna de la organización electoral en la región. Petro solicitó al Registrador Nacional prestar «especial atención» a la delegación de Córdoba, anunciando que este lunes radicará ante la Fiscalía acusaciones formales y «serias» sobre presuntos actos de corrupción dentro de dicha entidad.
«Mañana entregaré a Fiscalía acusaciones serias sobre corrupción electoral en esa entidad», advirtió el mandatario, escalando la tensión con la autoridad electoral a pocas horas de la apertura de urnas.
Ante la modernización de las tácticas de fraude, el presidente ordenó a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) activar protocolos de vigilancia sobre transacciones electrónicas masivas. La orden busca detectar movimientos financieros atípicos que podrían estar financiando la compra de votos en tiempo real durante la jornada de este domingo.
La estrategia del Gobierno Nacional busca:
* Identificar redes delictivas dedicadas al flujo de dinero ilícito.
* Establecer el origen y destino de transferencias electrónicas sospechosas.
* Entregar pruebas técnicas a las autoridades judiciales para capturas inmediatas.
Con este despliegue, el presidente Petro busca blindar los resultados en una de las zonas históricamente más complejas en materia de delitos electorales, asegurando que su administración no permitirá que la voluntad popular sea distorsionada por el poder del dinero.
