Tras el fracaso de la Ley de Financiamiento en el Legislativo, el presidente Gustavo Petro ha lanzado una propuesta que pone en la mira a los grandes grupos financieros del país: utilizar cerca de $20 billones de pesos que hoy se encuentran en las fiducias de concesiones viales para sanear las cuentas del Estado.
Para el mandatario, estos recursos, que pertenecen a proyectos de cuarta y quinta generación (4G y 5G), representan la tabla de salvación para el déficit fiscal. El jefe de Estado argumenta que ese capital es dinero público que está “atrapado” y sin uso debido a contratos mal diseñados o retrasos en las obras, por lo que su retorno a la caja nacional haría innecesaria la implementación de nuevos impuestos.
La estrategia apunta directamente a los dos conglomerados económicos más grandes de Colombia: el Grupo Aval y el Grupo Empresarial Antioqueño (GEA). Según Petro, solo en el proyecto Mulaló-Loboguerrero existen cerca de $18 billones inactivos, mientras que al grupo de Luis Carlos Sarmiento Angulo le atribuye otros $2 billones en fiducias.
“Si esa plata se devuelve, pues estamos supliendo la Reforma Tributaria”, afirmó el presidente, lanzando un interrogante directo a los empresarios sobre su disposición para reintegrar fondos que no han sido ejecutados conforme a los cronogramas originales.
El mandatario señaló que el ministro Germán Ávila ya adelanta gestiones para identificar estos excedentes. El objetivo es claro: recortar el gasto de inversión ya contratado que no se está moviendo y redirigirlo a las necesidades inmediatas del presupuesto nacional.
Esta medida se presenta como la alternativa principal antes de recurrir a la Emergencia Económica, una vía judicial que busca gravar a los sectores más adinerados del país pero que depende del visto bueno de la Corte Constitucional. Por ahora, el pulso por los $20 billones de las carreteras marca el inicio de una nueva batalla entre el Gobierno y el poder financiero colombiano.
