Un operativo de desalojo masivo en Montelíbano ha generado indignación y preocupación en la comunidad. La Alcaldía municipal, en un trabajo conjunto con la UNDMO, ejecutó la orden de desalojar a cerca de 30 familias campesinas que, durante más de diez años, habían trabajado 24 hectáreas de tierra que estaban abandonadas.
La acción, ordenada por el alcalde Gabriel Calle, ha sido criticada por la falta de alternativas de reubicación o sustento para los afectados, quienes se dedicaban al cultivo de yuca, arroz y la cría de animales de corral. A pesar de los llamados de la comunidad para un diálogo y una solución concertada, el desalojo se llevó a cabo con maquinaria pesada que arrasó con los «cambuches» y los cultivos, dejando a estas familias en total incertidumbre.
La decisión ha suscitado serios cuestionamientos sobre la actuación de las autoridades, como la ausencia de gestiones previas que pudieran haber evitado la pérdida total del trabajo de los campesinos y la falta de un plan de ayuda para las familias. Muchos se preguntan por qué administraciones anteriores no habían intervenido y por qué no se ofrecieron soluciones preventivas antes de llegar a esta drástica medida.
