Por presuntas conductas punibles relacionadas con certificado que anexó alcalde de Cotorra en proceso de nulidad electoral, Procuraduría pide compulsar copias a la Fiscalía.

Para el Ministerio Público, el Testimonio de Moisés Quiñonez Briceño (testigo estrella del alcalde en el proceso), carece de valor demostrativo.

 Se complica más la permanencia en el cargo el alcalde de Cotorra, Guillermo Llorente Petro, tras conocerse el concepto de la Procuraduría en el marco del proceso de nulidad electoral que se estudia en el Tribunal Administrativo de Córdoba. Llama la atención el aparte que señala: “Habiéndose cometido presuntas conductas punibles, relacionadas con el certificado de fecha 13 de diciembre de 2019, se compulsan copias a la Fiscalía General de la Nación, para lo de su competencia”

Como se recordará, dentro del proceso de la demanda, el alcalde Guillermo Llorente Petro, anexó un certificado de fecha 13 de diciembre de 2019, expedido “presuntamente”, por el Secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, donde se lee, “Que luego de revisar nuestro sistema de identificación y registro de afiliados –SIRA-, me permito informar que la señora Guillermo Llorente Petro, identificado xxxxxxxx no se encuentra registrado en nuestro sistema de información”.

En sus consideraciones, el Ministerio Público, expresó que el Secretario del Partido Liberal, Miguel Ángel Sánchez Vásquez, compareció a rendir testimonio dentro del proceso; quien, ante pregunta formulada por el Ministerio Público, señaló que la firma plasmada en el certificado del 13 de diciembre de 2019 es la que utiliza para suscribir documentos. Sin embargo –se lee en el concepto de la PGN-, que de su declaración puede colegirse que jamás autorizó con su firma la certificación referida”.

Se explica en el concepto de la PGN que, “En efecto el declarante explicó al detalle y con toda precisión los protocolos que son seguidos por el partido, con miras a la expedición de ese tipo de documentos y garantizar la trazabilidad; pero en el caso del certificado objeto de tacha no fue hallado registro alguno”.  Blanco es, la gallina lo pone y frito se come. Está claro que dicha certificación no es legítima. 

El Testimonio sin valor demostrativo de Moisés Quiñonez Briceño.

Acerca de este testimonio, se lee en el Concepto de la Procuraduría: “Afirmó durante la audiencia de pruebas que el documento (la famosa certificación) fue firmado en su presencia por el señor Secretario General del Partido Liberal Colombiano, Dr. Miguel Ángel Sánchez Vásquez, estando presente en la oficina de este directivo del partido al momento de la suscripción del certificado y, para tal efecto, le habían agendado una cita”

“En cuanto al valor probatorio –señala la Procuraduría-, llama la atención que el testigo recuerda con exactitud las fechas y horarios en que tuvieron lugar sus reuniones con el secretario del Partido liberal, en la sede que tiene esa agrupación en la ciudad de Bogotá, pese a que habían transcurrido más de dos años. En cambio, el declarante evidenció grandes dificultades –o quizá imposibilidades- para recordar aspectos tales como la apariencia física y el acento del secretario del partido, con quien presuntamente se reunió; tampoco recordaba la dirección donde está ubicada la sede del partido en la ciudad de Bogotá, en la cual dijo laborar, o la forma de la oficina en la cual según su dicho hizo acto de presencia”

“Dicho testimonio, siendo así, no puede atribuírsele valor demostrativo, admitiendo serios cuestionamientos la veracidad de lo relatado”, concluyó el Ministerio Público.

Al final del documento, a pesar de todas las irregularidades relatadas, el Procurador 124 Judicial II Administrativo de Montería, Ronald Castellar Arrieta, solicitó al Tribunal negar las pretensiones de la demanda de nulidad electoral presentada por el señor Hollman Ibáñez Parra, contra la elección de Guillermo Llorente Petro, como alcalde de Cotorra.  Es oportuno recordar que los conceptos de la PGN no son vinculantes, y la última palabra la tienen las magistradas de la Sala Segunda de Decisión del Tribunal Administrativo de Córdoba.

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