La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Superintendencia Nacional de Salud inspeccionar a la Entidad Promotora de Salud (EPS) Familiar Colombia y a la Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS) DG-IPS, por presuntas irregularidades en el manejo de la población indígena en el departamento de Córdoba.
Las Autoridades Zenúes Rurales de Montería informaron al Ministerio Público que están afiliando, trasladando y gestionando a comunidades sin el consentimiento previo, libre e informado de sus autoridades tradicionales, violando el principio de autonomía y el Decreto 1953 de 2014, que regula el Sistema Indígena de Salud Propia e Intercultural (SISPl).
Ante la gravedad de los hechos, el órgano de control le pidió a la Superintendencia de Salud evaluar la compulsa de copias a la Fiscalía General de la Nación, por la presunta violación a los derechos fundamentales colectivos, la ley de origen indígena y la legalidad administrativa, que podrían incluir posibles delitos contra la administración pública, fraude a subvenciones o afectación al erario.
