La Fiscalía General de la Nación reveló detalles escalofriantes sobre el feminicidio de María Camila Potosí Gómez, la joven de 21 años que se encontraba en el octavo mes de gestación y cuyo cuerpo fue hallado el 20 de julio de 2026 a orillas del río Meléndez, en el corregimiento de La Buitrera, sur de Cali. Según la investigación, el crimen no fue un acto improvisado: Yulieth Cecilia Angulo Escobar habría pactado el pago de cuatro millones de pesos con cuatro hombres para asesinar a la víctima, extraerle la bebé mediante una cesárea artesanal y apropiarse de la recién nacida.
María Camila desapareció el 16 de julio después de salir de su vivienda en el barrio Polvorines. Cámaras de seguridad la captaron subiéndose a una motocicleta conducida por Yulieth Angulo, quien se había ganado su confianza en las semanas previas.
La principal sospechosa habría fingido un embarazo ante su entonces pareja y buscaba hacerse con la bebé —a la que María Camila planeaba llamar Alahia— para presentarla como propia.
De acuerdo con las pesquisas, Nitzon Stiven Mondragón Cuero habría atacado a la joven con un arma cortopunzante hasta causarle la muerte (Medicina Legal registró más de 15 heridas). En el mismo lugar le fue extraída la bebé.
Otros implicados se encargaron de la logística, el traslado del cuerpo y el abandono del cadáver. El 30 de julio, en operativos simultáneos en Cali y el municipio de Andalucía, las autoridades capturaron a los cinco presuntos responsables: Yulieth Angulo y los cuatro hombres.
Dos de ellos ya tramitaban pasaportes con la intención de huir del país.
Este sábado 1 de agosto, los capturados fueron puestos a disposición de un juez de control de garantías. La Fiscalía les imputó, según el grado de participación de cada uno, los delitos de feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada agravada y alteración de elemento material probatorio. Ninguno aceptó los cargos.
El caso ha generado una profunda indignación en Cali y en todo el país por la extrema crueldad del plan: no solo se trató de un asesinato, sino de un intento de robarse una vida por nacer para sostener un engaño. Mientras el proceso judicial avanza, la familia de María Camila y amplios sectores de la opinión pública exigen la máxima sanción posible para los responsables de este crimen que, según las autoridades, se materializó por un pago de apenas cuatro millones de peso
