La Procuraduría General de la Nación, a través de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 para la Contratación Estatal, inició dos indagaciones previas contra personas por determinar tras conocerse graves alertas sobre la gestión contractual y administrativa en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
El primer expediente (radicado IUS-E-2026-605440) se abrió formalmente el 20 de octubre de 2026 sobre la contratación en la Gobernación del Archipiélago. La medida disciplinaria se originó tras publicaciones periodísticas de la revista Semana que denunciaron supuestas irregularidades en negocios y contratos públicos que involucrarían a Norbert Vonblon Pomare, reconocido empresario insular y esposo de la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz. Según los reportes que sustentan el auto disciplinario, la controversia se intensificó tras un reclamo público del presidente Abelardo De La Espriella a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la parlamentaria, en el que advirtió sobre la revisión exhaustiva a los recursos destinados a la región y a los vínculos contractuales en entidades locales como Coralina.
Por otra parte, mediante el radicado IUS-E-2026-602030 con fecha del 19 de octubre de 2026, el órgano de control abrió una segunda indagación previa centrada en el Hospital Departamental de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Este proceso responde a revelaciones emitidas por la emisora La FM, las cuales advierten que, durante la intervención de la casa de salud, se habrían hallado equipos médicos nuevos almacenados sin uso mientras se contrataba a terceros para prestar esos mismos servicios.
Las informaciones periodísticas recopiladas en el auto del ente de control también señalan fallas críticas en la operación hospitalaria, tales como el no pago a contratistas para la disposición de residuos peligrosos desde hace seis meses, deudas salariales acumuladas de varios meses con el cuerpo médico y un presunto control de la contratación pública por parte de familiares de altos cargos gubernamentales del archipiélago. Con ambas actuaciones, la Procuraduría busca determinar si se configuraron faltas disciplinarias e identificar a los posibles responsables dentro de la administración departamental.
