El dinero estaba destinado a la compra de terrenos para familias damnificadas, pero habría sido redirigido a atender emergencias por invierno.
La Procuraduría General de la Nación abrió una investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios del gobierno del presidente Gustavo Petro por su presunta participación en el desvío de 100.000 millones de pesos de un convenio destinado a la compra de terrenos para familias damnificadas.
Entre los investigados se encuentra Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), actualmente vinculado a un escándalo de corrupción que involucra sobornos a congresistas y desvíos millonarios.
De acuerdo con el Ministerio Público, también están siendo investigados César Augusto Manrique, exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP); Daniel María Medina González, exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT); Luis Alberto Barreto Gantiva, exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD; y dos directivas de la Fiduprevisora: María Fernanda Jaramillo Gutiérrez, vicepresidente de Negocios Fiduciarios, y Daniela Andrea Valencia, vicepresidenta de Contratación Derivada.
El convenio tenía como objetivo la adquisición de predios para proyectos productivos dirigidos a familias registradas como damnificadas en el Registro Único Nacional. Sin embargo, la Procuraduría investiga por qué fue modificado para redirigir los recursos a la atención de emergencias y calamidades públicas generadas por la temporada de lluvias. El órgano de control también examina si hubo sobrecostos en la supuesta compra de terrenos y si estos fueron realmente entregados a beneficiarios.
Con textos de: API
