Un proyecto de ley radicado en el Congreso por el representante a la Cámara Luis Miguel López, del Partido Conservador, busca prohibir y penalizar la maternidad subrogada en Colombia con penas de hasta 15 años de cárcel, al considerarla una forma de explotación reproductiva.
La iniciativa, que cuenta con un inusual consenso entre diferentes sectores políticos y feministas, busca frenar un negocio donde más del 80% de los clientes son extranjeros y las agencias manejan contratos superiores a los 200.000 dólares mientras las gestantes reciben una fracción mínima.
Aunque no existen cifras oficiales precisas por la falta de regulación, los autores estiman la magnitud de la problemática basándose en cerca de 8.000 impugnaciones de paternidad registradas el año pasado, lo que situaría al país entre los principales referentes mundiales de esta práctica.
