Deicy Alejandra Jiménez Ramírez ha acaparado la atención en el escenario político de Colombia tras destapar una grave controversia al asegurar que el expresidente Gustavo Petro la favoreció con contratos estatales a cambio de encuentros íntimos, una acusación que también salpicaría a una presunta red de mujeres jóvenes vinculadas a entidades públicas bajo dinámicas similares. Estas declaraciones, emitidas el 25 de octubre de 2026 en una entrevista concedida a la revista Semana, provocaron una respuesta categórica por parte del exmandatario, quien negó de forma absoluta haber empleado su poder político para obtener favores sexuales, mientras que la Fiscalía General de la Nación ya dio inicio a una indagación preliminar para esclarecer posibles irregularidades contractuales.
Antes de estas denuncias, la trayectoria de Jiménez Ramírez se mantenía al margen del escrutinio público y su información personal es escasa, limitada a su testimonio y a los soportes presentados para su vinculación laboral. Según registros de medios como Caracol Radio, cuenta con formación como bachiller y su experiencia en el sector público se ha enfocado en labores de carácter asistencial, gestión documental, archivo, digitación y apoyo administrativo. Asimismo, documentos del Senado confirman que su nombre figura entre los contratistas de la corporación desde 2021, y existen referencias de trabajos previos en el ámbito audiovisual independiente. De acuerdo con su versión, conoció a Petro en 2019 a través de una página para adultos cuando este se desempeñaba como senador, un vínculo inicial que, según su relato, la motivó a trasladarse a Bogotá para desempeñarse como contratista del Congreso, aunque esta narrativa reposa únicamente en su testimonio y carece por ahora de corroboración judicial.
El rastro detallado de la contratación estatal de Jiménez revela diez contratos suscritos entre 2021 y 2026, distribuidos entre el Congreso, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y el Ministerio del Interior, que suman un valor aproximado de 133,5 millones de pesos. De estos, siete contratos corresponden al Senado de la República celebrados entre 2021 y 2023 —con extensiones hasta 2024— por un total cercano a 73,9 millones de pesos. A estos se suman un contrato con la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada en 2025 por 18 millones de pesos, y dos más con el Ministerio del Interior por valores de 11.151.338 y 30.457.094 pesos en 2025 y 2026, respectivamente. Es de resaltar que los primeros vínculos contractuales con el Senado preceden la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, ya que en 2021 recibió dos asignaciones para apoyar actividades de recursos humanos y en 2022 firmó otro acuerdo antes del inicio del nuevo Gobierno. Aunque los registros públicos comprueban la existencia de dichos contratos, su formalización legal no valida por sí misma que hayan sido otorgados como contraprestación por encuentros íntimos, un extremo delicado que forma parte de la denuncia y que deberá ser esclarecido rigurosamente por las autoridades competentes.
