La sombra del desalojo vuelve a posarse sobre decenas de familias en el sector Auroras del Sinú, en Montería. La ratificación en segunda instancia de una orden de demolición emitida por la Inspección Urbana de Policía, sumada a una medida judicial de restablecimiento provisional del derecho a favor de la caja de compensación Comfacor, ha encendido las alarmas entre la comunidad, que ve con inminente riesgo el techo bajo el cual habita.
La decisión administrativa deja en una posición de extrema vulnerabilidad a numerosos hogares integrados por niños, adultos mayores y personas de escasos recursos. Quienes allí residen aseguran que el predio representa su única opción de refugio, por lo que la eventual ejecución de la demolición significaría un golpe directo a sus condiciones mínimas de subsistencia. La falta de alternativas de reubicación o respuestas habitacionales concretas intensifica la angustia colectiva.
Ante la inminencia de las acciones de fuerza, los pobladores han hecho un llamado vehemente a las autoridades locales para que antes de proceder se evalúe el impacto social de la medida. Exigen que se respete el debido proceso y se priorice la protección de los derechos humanos de la población vulnerable. Mientras la tensión aumenta, la comunidad espera la apertura de mesas de diálogo e interlocución que permitan frenar el derribo de las estructuras y hallar una salida concertada al conflicto legal e inmobiliario.
