«No podrán sacar por tutela a Abelardo De La Espriella de una elección que debe decidir el pueblo colombiano»
La campaña presidencial de Abelardo De La Espriella informa a la opinión pública que el Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de Sincelejo declaró improcedente una nueva acción de tutela que pretendía dejar sin efectos su inscripción como candidato presidencial, suspender su participación en el proceso electoral y retirarlo de los instrumentos de votación.
Esta decisión confirma que la acción de tutela no puede ser utilizada como atajo político para alterar el curso de una elección presidencial ni para intentar sacar de la contienda a un candidato que cumple los requisitos constitucionales y que cuenta con el respaldo legítimo de millones de colombianos.
La tutela insistía en argumentos ya desvirtuados: una supuesta inhabilidad por doble nacionalidad y un inexistente requisito de residencia mínima de cinco años para aspirar a la Presidencia de la República. Frente a esa narrativa, la posición jurídica ha sido clara: la Constitución exige ser colombiano por nacimiento, ciudadano en ejercicio y mayor de treinta años. Abelardo De La Espriella cumple esos requisitos.
El fallo también deja en evidencia el uso reiterado de acciones judiciales como mecanismo de presión política en la recta final de la campaña. Primero intentaron sembrar dudas sobre la nacionalidad. Luego buscaron fabricar inhabilidades donde la Constitución no las contempla. Ahora pretendieron utilizar una tutela para sacar a Abelardo de la segunda vuelta. Todas esas maniobras han terminado cayéndose.
El movimiento ciudadano Defensores de la Patria, también rechaza la instrumentalización de los jueces con fines electorales y advierte que Colombia no puede permitir que las decisiones que corresponden al pueblo en las urnas sean sustituidas por montajes jurídicos, interpretaciones forzadas o demandas de último minuto.
La candidatura de Abelardo De La Espriella sigue firme. El debate jurídico artificial se cae una vez más y el próximo 21 de junio, serán los ciudadanos, y no los montajes judiciales, quienes decidan el futuro de Colombia.
