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Recorte de nóminas y subida del ACPM: El duro plan de austeridad que propone ANIF al nuevo Gobierno

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) lanzó una fuerte advertencia sobre el estado de las finanzas públicas que recibirá el presidente electo, Abelardo de la Espriella. Según el centro de pensamiento económico, el próximo gobierno heredará una «bomba fiscal» mucho más profunda de lo que muestran las cuentas oficiales, lo que obligará a implementar un severo plan de austeridad desde el primer día de mandato.

​El informe de ANIF revela un fuerte desfase entre las proyecciones del Ministerio de Hacienda saliente y la realidad del mercado. Mientras que el Gobierno actual estima que el 2026 cerrará con un déficit fiscal del 5,3% del PIB, los cálculos independientes de ANIF elevan esa cifra al 6,5% del PIB, advirtiendo que muchas obligaciones presupuestales de este año terminarán siendo trasladadas como deuda a la siguiente vigencia.

​La fórmula de ANIF: Recortes masivos y nueva reforma

​Para desactivar este escenario de riesgo y calmar a los mercados internacionales, el centro de estudios le propuso al equipo económico de De la Espriella una terapia de choque dividida en dos frentes:

​Tijera al gasto público: Un recorte drástico de 27 billones de pesos que incluye la reducción de las nóminas del Estado, la eliminación de programas sociales o de inversión que registren baja ejecución, y acelerar la subida del precio del ACPM.

​Nuevo recaudo: Tramitar una reforma tributaria de 12 billones de pesos enfocada en ajustar los ingresos de la Nación.

​El dilema del nuevo Gobierno

​Esta propuesta de ANIF, aunque ambiciosa, se queda corta frente al propio diagnóstico del Ministerio de Hacienda, que la semana pasada calculó que el bache fiscal para el 2027 requerirá en realidad una reforma de 30,2 billones de pesos.

​El equipo de empalme del presidente electo se enfrenta ahora a un complejo dilema político y económico: adoptar el duro camino de la austeridad estatal y el incremento de los combustibles propuesto por los gremios financieros, o buscar alternativas de financiamiento que no afecten directamente el bolsillo de los ciudadanos ni congelen la inversión en las regiones más rezagadas del país.

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