Por años, Colombia ha repetido una promesa que no termina de cumplirse: convertir la riqueza del subsuelo en bienestar para la gente. Bajo ese principio nació el Sistema General de Regalías (SGR), concebido como un instrumento para cerrar brechas territoriales y llevar desarrollo a las regiones más olvidadas.
Sin embargo, entre la norma y la realidad se ha abierto una distancia preocupante. Hoy, el sistema que debía acelerar el progreso se ha convertido, en muchos casos, en un entramado que lo retrasa. Las regalías existen, los proyectos se formulan, las necesidades son evidentes. Pero entre una cosa y la otra se interpone una cadena de trámites, filtros y decisiones que terminan diluyendo el impacto de la inversión pública. La consecuencia es clara: comunidades que siguen esperando mientras los recursos duermen en la burocracia y en los bolsillos de la Corrupción, esto sumado a que en su implementación ha derivado en un modelo excesivamente centralizado, donde las decisiones clave se toman lejos de los territorios.
Uno de los puntos críticos es el proceso de viabilización de proyectos. En teoría, se trata de un filtro técnico necesario. En la práctica, se ha convertido en un cuello de botella que concentra poder y abre espacios a la discrecionalidad. Cuando la aprobación de un proyecto depende de múltiples instancias, cada una con tiempos inciertos y criterios no siempre transparentes, el sistema deja de ser un garante de calidad y pasa a ser un obstáculo para el desarrollo, muchos de estos viabilizadores contratistas externos de Planeación nacional, o de los ministerios, sin vinculación formal y con salarios precarios, son tocados por los mega contratistas quienes interfieren a través de “sobornos” la objetividad al evaluar los proyectos radicados.
A esto se suma lo que ocurre en los Órganos Colegiados de Administración y Decisión (OCAD), órgano de decisión para las regalías de la paz y la de los territorios. Aunque su objetivo es articular niveles de gobierno, su funcionamiento ha sido cuestionado por la concentración de decisiones y influencia de la politiquería con manejos poco éticos.
Frente a este panorama, la discusión ya no puede limitarse a ajustes marginales. Lo que se requiere es una reforma estructural del sistema de regalías, orientada a recuperar su propósito original. Esto implica, en primer lugar, simplificar el ciclo de los proyectos. Menos trámites, procesos más ágiles y el uso de herramientas tecnológicas que permitan automatizar validaciones básicas. La eficiencia no es enemiga del control; por el contrario, lo fortalece. En segundo lugar, es necesario avanzar hacia una descentralización real. Los territorios deben tener mayor capacidad de decisión sobre los recursos que les corresponden, siempre bajo esquemas claros de responsabilidad fiscal y control ciudadano.
La proximidad a las necesidades es una ventaja que el diseño actual no está aprovechando. Gobernar desde el territorio no es un riesgo; es una oportunidad para hacer más pertinente la inversión pública. En tercer lugar, la transparencia debe dejar de ser un enunciado y convertirse en una práctica verificable. La trazabilidad total de los recursos desde su asignación hasta su ejecución final es una herramienta poderosa contra la corrupción. En un país donde la desconfianza institucional es alta, abrir la información al escrutinio ciudadano no es una opción, es una obligació.
