Una fuerte controversia técnica y política se desató en el país tras las denuncias de la senadora Aída Avella sobre presuntas irregularidades en la plataforma tecnológica de la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales fueron desmentidas de inmediato por la autoridad electoral.
La congresista del Pacto Histórico aseguró, tras una revisión con funcionarios de la entidad, que se habían suprimido herramientas clave de seguridad en los formularios E-14 posteriores a la elección del presidente Gustavo Petro. Según Avella, el sistema ya no contaba con la estampilla de tiempo —que registra la hora exacta de ingreso de los datos—, el candado hash —que impide la alteración de la información emitida— ni el número consecutivo de las mesas, por lo que exigió de forma urgente el restablecimiento de estas medidas y pidió explicaciones públicas sobre la identidad de los contratistas encargados del software electoral.
Ante la gravedad de los señalamientos, la Registraduría Nacional emitió una respuesta técnica aclarando que las observaciones de la legisladora corresponden al proceso de digitalización de actas y no al escrutinio en sí mismo, precisando que las garantías de transparencia se mantienen intactas.
La institución electoral explicó que la publicación de las actas E-14 en su página web cuenta con una trazabilidad completa de fecha y hora que es de pleno conocimiento para todas las organizaciones políticas. Asimismo, la entidad desvirtuó la desaparición de los sistemas de seguridad al aclarar que el código hash, utilizado para blindar la integridad de los documentos, se encuentra inmerso directamente en el nombre del archivo al momento de descargarlo desde el visor ciudadano.
Finalmente, la Registraduría enfatizó que cada una de las 122.016 mesas de votación del país permanece plenamente identificable y auditable mediante un código QR y un código de barras visibles en cada imagen descargada por la ciudadanía.
