El sistema de salud en Colombia enfrenta su transformación más radical en décadas. Ante el estancamiento de su reforma en el Congreso y un pasivo que ya escala a los 32 billones de pesos, el presidente Gustavo Petro ha dado la orden de iniciar la liquidación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que actualmente se encuentran bajo intervención del Estado.
Para el mandatario, el modelo de aseguramiento actual ha llegado a un punto de no retorno. «Hoy todas las EPS están quebradas», sentenció Petro, argumentando que la inviabilidad financiera impide garantizar la atención básica y que el traslado de pacientes entre entidades se ha vuelto un proceso casi imposible bajo las normas vigentes.
La decisión no es menor: las entidades en lista de liquidación agrupan a cerca del 43% de la población del país. Este es el panorama de las principales afectadas:
*Nueva EPS: 10,8 millones de afiliados.
* Coosalud: 3,2 millones.
* Famisanar: 2,9 millones.
* Asmet Salud y Emssanar: 3,5 millones (sumadas).
* Savia Salud, SOS y Capresoca: Más de 2,5 millones de usuarios.
En total, son 23 millones de ciudadanos cuyo futuro en términos de citas, cirugías y tratamientos queda en una zona de incertidumbre administrativa.
La transición hacia este nuevo esquema se da en el momento más crítico para los pacientes. Según cifras recientes, las quejas por fallas en el servicio se dispararon un 107% durante el último año, reflejando un sistema golpeado por retrasos en autorizaciones y desabastecimiento de medicamentos.
Expertos del sector advierten que, si no se ejecuta un plan de contingencia milimétrico, la liquidación masiva podría colapsar la red hospitalaria pública y privada, dejando a millones de colombianos en un «limbo» prestacional mientras se define quién asumirá su cuidado.
