En un movimiento estratégico clave para su supervivencia financiera, el grupo petrolero Canacol Energy recibió luz verde por parte de la Superintendencia de Sociedades para aplicar en Colombia una serie de medidas de insolvencia dictadas originalmente desde Canadá. La decisión del organismo de control colombiano, tomada tras dos audiencias clave celebradas los días 19 y 28 de mayo, busca un objetivo primordial: evitar que la crisis financiera paralice la extracción de gas y petróleo en el país.
El eje central de este aval es la autorización para constituir gravámenes prioritarios sobre los activos que Canacol posee en territorio colombiano. En la práctica, esto significa que la compañía podrá usar sus bienes locales como garantía de primer orden para captar recursos frescos y pagar los costos de su reestructuración, blindando legalmente a las filiales Canacol Energy Colombia S.A.S., CNE Oil & Gas S.A.S., Cantana Energy Sucursal Colombia y CNEOG Colombia Sucursal Colombia.
La Supersociedades homologó la Tercera y Cuarta Providencia de la Corte de Alberta (Canadá), aplicando el Título III de la Ley 1116 de 2006, que regula la insolvencia transfronteriza. Lejos de ser una liquidación, esta figura busca mantener la empresa a flote.
El dinero respaldado por estos nuevos gravámenes se destinará a tres frentes críticos:
Financiamiento DIP (Debtor in Possession): Créditos de emergencia para empresas en quiebra que les permiten seguir operando el día a día (pagar nóminas, proveedores logísticos y contratos de explotación).
Costos del proceso: Pago de honorarios a los asesores legales y financieros que coordinan la reestructuración.
Fuga de cerebros: Financiar programas de retención e incentivos para el personal técnico y estratégico, vital para que los pozos no dejen de producir.
»Estas medidas tienen un carácter netamente instrumental. Buscan preservar la viabilidad de las empresas mientras se reorganizan, garantizando que sigan desarrollando su objeto social», explicó la Superintendencia.
Además de la inyección de capital inmediato, el respaldo judicial busca pavimentar el camino para el Proceso de Venta e Inversión (SISP, por sus siglas en inglés). Este es un mecanismo formal en el que la compañía sale al mercado internacional a buscar compradores o socios capitalistas dispuestos a inyectar recursos a gran escala, con el fin de pagarle a los acreedores y salvar la marca.
Para la tranquilidad del mercado local, la Superintendencia fue enfática en aclarar que esta autorización no implica pagos exprés ni altera el orden legal de prelación de créditos en Colombia. Es decir, los acreedores colombianos mantienen sus derechos bajo las reglas de juego nacionales, mientras la justicia de ambos países coopera para evitar el colapso de un actor relevante en el sector energético regional.
