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SENA defiende la transparencia de sus contratos de seguros y aclara que no afectan su presupuesto

Ante las diversas dudas e inquietudes que se han manifestado en torno a sus procesos de contratación, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) emitió este 1 de agosto un pronunciamiento público en el que asegura que todas sus actuaciones responden de manera estricta al cumplimiento de los deberes legales de planeación, continuidad administrativa y salvaguarda del patrimonio público.

​Frente al Concurso de Méritos adelantado para la selección del corredor de seguros, la institución aclaró que este trámite no compromete recursos del presupuesto ni representa erogación alguna para la entidad, dado que, según la normatividad vigente, la remuneración de dicho intermediario es asumida en su totalidad por las compañías aseguradoras. En ese sentido, la entidad enfatizó que los fondos destinados a la formación de los colombianos no se verán impactados de ninguna manera.

​Asimismo, la entidad precisó que la estructuración e inicio del proceso del Programa de Seguros Institucional se ejecutó con la debida oportunidad para prevenir cualquier eventualidad y asegurar la continuidad de las coberturas que protegen sus activos y bienes patrimoniales. De acuerdo con la postura institucional, no haber realizado estas acciones a tiempo habría expuesto al SENA a riesgos innecesarios. Se confirmó además que la adjudicación y la firma del nuevo contrato quedarán en manos de la administración entrante, con el propósito de garantizar una transición ordenada, transparente y respetuosa del cronograma previsto.

​Para reforzar la transparencia en la gestión, el SENA dio a conocer que solicitó de forma voluntaria el acompañamiento preventivo de la Procuraduría General de la Nación, registrado bajo el radicado No. 01-9-2026-064885, buscando asegurar mayores garantías de legalidad y objetividad durante el proceso. Finalmente, la institución reiteró su disposición absoluta para colaborar con los organismos de control y reafirmó su compromiso de actuar bajo el marco de la Constitución y la ley para la protección del erario y la prestación ininterrumpida de sus servicios a la ciudadanía.

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