El Senado de la República aprobó en último debate la Ley de Sometimiento, una iniciativa que marca el desmonte de la política de «paz total» y fija las reglas para la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto.
La norma establece que no habrá procesos de negociación política ni suspensión de órdenes de captura o extradición, exigiendo penas efectivas mínimas de 10 años para quienes se entreguen a la justicia y restringiendo de forma drástica los beneficios punitivos, en especial para los reclutadores de menores.
Asimismo, el marco legal impone a los sometidos la entrega total de bienes ilegales y fija penas mínimas de 6 años para testaferros. Entre las condiciones aprobadas se contempla la reclusión en sitios alternativos como granjas agrícolas bajo supervisión estricta del Inpec, al tiempo que se prorroga la Ley de Orden Público para garantizar programas clave como la protección de testigos y el fondo Fonsecon.
