Una fuerte declaración política y una severa denuncia contra el sistema de detención electrónica de infracciones en el país sacudieron el panorama legislativo, luego de que el senador de la República, Antonio Correa, respaldara públicamente la reciente revocatoria de 7.5 millones de comparendos por fotomultas que habrían sido impuestos de manera irregular. El congresista atribuyó este logro a las directrices del gobierno del presidente Gustavo Petro, calificando el esquema actual de estos dispositivos como un negocio de carácter privado que ha afectado de forma desproporcionada a la población de menores ingresos bajo la fachada de la seguridad vial.
A través de sus canales oficiales, el parlamentario sostuvo que el mecanismo de control de tránsito desvirtuó su propósito original para transformarse en una maquinaria de recaudo económico, caracterizada por la instalación de cámaras ocultas, señalización deficiente, límites de velocidad inconsistentes, falta de identificación plena de los infractores y la existencia de contratos opacos. Correa denunció las consecuencias socioeconómicas de este sistema, señalando que mientras numerosas familias vulnerables enfrentaron deudas y embargos judiciales, los operadores privados y determinados organismos de tránsito locales se beneficiaron financieramente de las sanciones masivas.
Ante este escenario de presuntas irregularidades, el legislador elevó una exigencia formal a las máximas autoridades del sector y de control del Estado, entre ellas el Ministerio de Transporte, la Superintendencia de Transporte, la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación. El objetivo de este llamado es que se inicien investigaciones exhaustivas para determinar la legalidad de los contratos vigentes, identificar a los responsables de la autorización y expansión desmedida de los dispositivos de fotomulta —con especial énfasis en los departamentos de Sucre y Bolívar— y establecer quiénes se lucraron con estas concesiones. Finalmente, el congresista ratificó el compromiso de la corporación de mantener una estricta vigilancia sobre el debido proceso en las vías y de combatir lo que denominó cobros abusivos contra la ciudadanía.
