Ante la supuesta decisión de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de dar trámite a la propuesta presentada por su presidenta, Gloria Arizabaleta, en la que se solicita la suspensión provisional del Presidente de la República, Gustavo Petro; el senador Antonio José Correa Jiménez se pronunció en defensa del orden constitucional.
El congresista advirtió que el acto administrativo-judicial descrito sería inconstitucional por las siguientes razones:
1. Carece de fundamento constitucional: La suspensión de un Presidente solo procede tras la admisión de una acusación formal ante el Senado, conforme al artículo 175 de la Constitución Política.
2. Incompetencia del funcionario: Un Representante Investigador no tiene la facultad legal para ordenar la suspensión del Jefe de Estado.
3. Aplicación indebida de la ley: Se pretende aplicar el Código General Disciplinario a un sujeto que cuenta con un régimen de responsabilidad constitucional especial y excluyente.
El senador Correa enfatizó que cualquier medida de esta naturaleza, de ser ejecutada, constituiría una ruptura del orden constitucional y una violación directa al principio de separación de poderes y al debido proceso del juez natural.
