Una fuerte estocada recibió el Proyecto de Ley 056 de 2024, que busca implementar el bono escolar en Colombia. El senador Antonio Correa anunció su respaldo total a la ponencia de archivo de la iniciativa, lanzando una dura advertencia sobre los riesgos jurídicos, fiscales y éticos que representaría convertir la educación en lo que denominó «un negocio de la politiquería».
A través de una constancia en la plenaria del Senado, Correa desglosó los motivos por los cuales el proyecto es, a su juicio, inviable y peligroso para la estabilidad del país. El congresista fue enfático al señalar que la propuesta no solo carece de sustento técnico, sino que desafía directamente el ordenamiento constitucional colombiano.
Uno de los argumentos centrales de Correa radica en un conflicto de jerarquía normativa. Según explicó, el proyecto pretende modificar la Ley 715 de 2001 (de carácter orgánico) mediante una ley ordinaria, lo cual es jurídicamente improcedente.
«La Constitución es clara: las leyes orgánicas tienen un trámite especial y una jerarquía superior»*, precisó el senador, recordando además que la Corte Constitucional, en la sentencia C-560 de 1997, ya declaró inviables figuras similares por vulnerar el derecho fundamental a la educación y el principio de igualdad.
El aspecto económico es otro de los puntos de quiebre. Correa denunció que el proyecto ordena gastos sin el concepto previo del Ministerio de Hacienda, lo que lo condena al fracaso judicial. El senador reveló cifras preocupantes sobre el déficit educativo:
Déficit actual: Para 2025 se estiman gastos de $47.5 billones frente a ingresos de solo $44.3 billones.
Sobrecosto del bono: La iniciativa aumentaría los costos en hasta $2 billones anuales, alcanzando un impacto de $11.1 billones adicionales para el año 2029.
¿Negocio para la politiquería?
Finalmente, el senador Correa lanzó una ácida crítica sobre el uso de la educación contratada en las regiones. Aseguró que en muchas zonas del país se utiliza la insuficiencia del sistema público para beneficiar intereses privados, a menudo en detrimento de los niños más vulnerables.
«No vamos a permitir que conviertan la educación en un negocio», sentenció Correa, reafirmando que el presupuesto debe seguir destinado a la nómina, infraestructura y calidad de los colegios oficiales, y no desviarse hacia un modelo de vouchers que, según su tesis, debilitaría la base del Estado Social de Derecho.
