El senador Antonio Correa radicó un proyecto de ley con el propósito de que la maquinaria amarilla incautada a estructuras de la minería ilegal y del narcotráfico no sea destruida, sino que se destine a ponerla al servicio de la ciudadanía para atender situaciones críticas, como emergencias por tragedias naturales, y para el desarrollo de infraestructura en las comunidades.
De acuerdo con la propuesta del congresista, los bienes decomisados a las redes criminales se convertirán en herramientas orientadas a garantizar la seguridad y el progreso territorial. Los lineamientos de la iniciativa establecen que su uso se enfocará en cuatro frentes prioritarios: el mejoramiento de vías terciarias y la movilidad de la Fuerza Pública, la atención oportuna de emergencias junto con la mitigación de riesgos, la ejecución de obras de agua potable y saneamiento básico, y la asignación preferencial de estos recursos a municipios PDET, ZOMAC y áreas rurales, transformando los activos de la ilegalidad en bienestar social.
