Un proyecto de ley radicado en el Congreso de la República por el senador Antonio José Correa Jiménez busca modificar el artículo 1 de la Ley 1821 de 2016, con el propósito de fijar en setenta y cinco (75) años la edad máxima de retiro forzoso para las personas que desempeñan funciones públicas. La iniciativa legislativa plantea que esta ampliación busca preservar la experiencia técnica y los saberes institucionales, garantizar el derecho al trabajo sin discriminación por edad y contribuir a la sostenibilidad financiera del sistema pensional.
La propuesta contempla que, una vez cumplida dicha edad, se producirá el retiro inmediato del cargo sin posibilidad de ser reintegrados bajo ninguna circunstancia, aclarando que esta medida no cobijará a los funcionarios de elección popular ni a los contemplados en el artículo 1 del Decreto-ley 3074 de 1968.
Asimismo, el texto especifica que la ampliación no obliga a los servidores a permanecer en sus puestos hasta los setenta y cinco años, pues quienes cumplan los requisitos podrán solicitar voluntariamente su retiro en cualquier momento.
De igual forma, se incluye un parágrafo transitorio para que aquellos servidores que hayan sido retirados por límite de edad con posterioridad al 1 de enero de 2026 y antes de la aprobación de la ley puedan solicitar su reincorporación, siempre que no superen la nueva edad límite, el puesto se encuentre vacante y cumplan con los requisitos legales correspondientes.
