El nombramiento de la nueva Ministra de Salud ha desencadenado una fuerte controversia en el panorama político nacional, marcada por los señalamientos del senador Antonio Correa respecto a las implicaciones éticas e institucionales de su designación. A través de sus canales oficiales, el congresista advirtió que el debate central no gira únicamente alrededor del perfil técnico de la funcionaria, sino sobre el evidente conflicto de interés que surge al pasar de manera inmediata de la representación de los intereses privados de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) a la conducción estratégica de la cartera reguladora.
De acuerdo con el parlamentario, resulta alarmante que la toma de decisiones clave para el sistema —como la fijación de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), la definición del Plan de Beneficios en Salud, la vigilancia técnica y las eventuales intervenciones a entidades del sector— quede bajo el mando de quien hasta hace poco defendía posturas gremiales privadas. Aunque el marco normativo actual obliga a los servidores públicos a manifestar sus impedimentos y actuar con imparcialidad, Correa subrayó que la cercanía temporal entre el sector regulado y la entidad reguladora erosiona sustancialmente la confianza de la ciudadanía en la administración pública.
Ante esta coyuntura, el senador hizo un llamado a tramitar una legislación integral sobre el fenómeno de la denominada «puerta giratoria». La propuesta busca fijar períodos de enfriamiento obligatorios para impedir que directivos e intermediarios transiten sin pausas entre el sector privado y los cargos de alta regulación estatal, o viceversa. Para Correa, la transparencia del Estado no puede quedar supeditada de manera exclusiva al criterio individual de declaración de impedimentos, sino que requiere salvaguardas institucionales estrictas que prevengan de raíz el riesgo de captura del regulador.
