La senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho criticó este 31 de octubre de 2026 el proyecto de Ley de Rescate Económico radicado por el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella. Según la congresista, la iniciativa no representa una austeridad real del Estado, sino un traslado de la carga a los hogares colombianos mediante más impuestos y cotizaciones, mientras se reducen cargas a grandes empresas y sectores extractivos.
Corcho recordó que el Gobierno ha repetido que “el 70 % del ajuste es recorte de gasto”. Sin embargo, señaló que en la propia Tabla 14 del impacto estimado de la Estrategia de Consolidación Fiscal sobre el balance primario (% del PIB), los recortes reales de gasto alcanzan apenas el 0,58 % del PIB, “la cuarta parte”. El resto, según ella, proviene de cotizaciones de los trabajadores, aportes de nómina, recursos de las cajas de compensación e impuestos al licor, al cigarrillo y a la comida. “Eso no es austeridad del Estado: es plata de los hogares”, afirmó.
¿Quién paga según el articulado?
La senadora detalló varios puntos del proyecto:
Desde 2028 desaparece la tarifa del 5 % y la lista de bienes sin IVA queda reducida a 37 partidas (art. 42). Pasarían a la tarifa general del 19 % las frutas, las verduras, el plátano, el café, el azúcar, la sal, los abonos del campesino, el computador y el celular barato, el internet de estratos 1, 2 y 3, y la gasolina. “Que no nos digan que es ‘IVA a los ricos’”, advirtió.
La devolución “EfectIVA” empieza en 2028, es por persona, con tope, y solo devuelve el IVA que quede registrado en factura electrónica (arts. 38-39). El IVA pagado en la tienda o la plaza no se devolvería. Según Corcho, la clase media pagaría el 19 % completo: se recaudarían 40 billones y se devolverían 20.
A quienes ganan más de dos salarios mínimos les subirían la cotización de salud del 4 % al 5,5 %, y hasta el 8 % según el nivel de ingreso (art. 21). A maestros, policías y militares, hasta el 4 %. El objetivo sería que la Nación aporte menos, “ni un peso nuevo para hospitales ni pacientes”.
El impuesto a la renta se cobraría desde 5,5 millones de pesos mensuales (frente a los cerca de 9 millones actuales, art. 48) y se eliminaría la deducción por hijos.
Por decreto, la mitad de los contratistas saldrían en 2027, la nómina bajaría 20 % en 2028 y el presidente recibiría facultades para suprimir entidades y “empleos y vacantes” (arts. 7, 16 y 17).
