El presidente Gustavo Petro volvió a encender la polémica en torno al sistema electoral y la contratación pública en Colombia. A través de su cuenta en X, el mandatario vinculó directamente los procesos judiciales que cursan en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre el contrato de pasaportes con un presunto plan para alterar los resultados de las próximas elecciones presidenciales del 31 de mayo.
Petro advirtió que cualquier decisión judicial que interrumpa la actual expedición de pasaportes no sería un asunto de legalidad administrativa, sino una maniobra política de gran calado.
Según el jefe de Estado, anular el contrato vigente en este momento tiene como objetivo beneficiar a los antiguos contratistas y asegurar un «pago» en forma de manipulación de votos.
«Ya saben que si anulan el contrato de pasaportes ya en plena expedición no es más que el pago para hacer un fraude electoral en presidenciales para devolver el favor de recuperar el contrato de los hermanos Bautista», aseveró el mandatario en sus redes sociales.
Con estas declaraciones, el presidente hace referencia a los dueños de la firma Thomas Greg & Sons, con quienes su gobierno ha mantenido una batalla jurídica y narrativa desde que se declaró desierta la licitación inicial y se buscó un nuevo modelo de expedición del documento.
La afirmación de Petro se da mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza la legalidad de las decisiones tomadas por la Cancillería. Para el Ejecutivo, la presión por devolver el contrato a la firma tradicional está ligada a que esta misma empresa maneja gran parte del software y la logística electoral en el país.
