La sede «Puerta Roja» de la Universidad de Sucre en Sincelejo se convirtió en el epicentro de una convulsa jornada de protestas que mantiene en vilo a la comunidad académica. La indignación estalló tras la revelación del informe periodístico «El cartel de los puntos», el cual expone una presunta red de irregularidades donde algunos docentes habrían alcanzado asignaciones salariales astronómicas de hasta 93 millones de pesos mensuales. Este sistema, basado en la producción académica y publicaciones científicas, estaría siendo presuntamente manipulado para inflar las remuneraciones con recursos públicos, lo que llevó a los estudiantes a tomarse las instalaciones exigiendo una auditoría externa inmediata y total transparencia administrativa.
La tensión alcanzó su punto máximo cuando los manifestantes irrumpieron en una reunión de docentes, generando un ambiente de confrontación que dejó a varios profesores reportando agresiones verbales y situaciones de retención. Entre escenas de nerviosismo, una docente debió recibir atención médica tras sufrir una crisis emocional, mientras que los pasillos de la institución se llenaban de pancartas que cuestionaban la ética detrás de los salarios millonarios en contraste con las necesidades de infraestructura de la universidad. Los estudiantes aseguran que no se trata de una agresión contra la labor docente, sino de un reclamo legítimo contra lo que consideran un «saqueo» al presupuesto universitario bajo una fachada de productividad académica.
Por su parte, la Asociación de Docentes de Planta ha calificado la situación como una campaña de estigmatización basada en datos descontextualizados. En un comunicado oficial, el cuerpo profesoral rechazó las acusaciones y defendió la legalidad de sus méritos académicos, advirtiendo que la filtración de esta información pone en riesgo su seguridad personal. Mientras el campus permanece bajo el control de los colectivos estudiantiles, el debate nacional se centra ahora en la necesidad de reformar el sistema de puntos salariales en las universidades públicas de Colombia para evitar brechas que parecen irreales frente a la economía del país.
