En su labor de proteger los derechos de los consumidores, en especial el acceso a productos agropecuarios, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) sancionó con multas económicas a la Corporación de Abastos de Bogotá S.A., Corabastos, y a otras dos personas vinculadas a su organización.
La entidad de control informó que, mediante la Resolución No. 32553 del 30 de abril de 2026 impuso multas por valor de $260.063.219 a la sociedad Corabastos, y de $71.288.570 a las personas naturales vinculadas.
La SIC estableció que Corabastos y los dos particulares infringieron la Ley 155 de 1959 realizaron conductas orientadas a restringir el mercado de comercialización de bienes y servicios agroalimentarios, así como de servicios complementarios en sus instalaciones.
La investigación administrativa demostró que la Corporación modificó, en 2022, su Reglamento Interno de Funcionamiento para impedir el ingreso de comerciantes con determinadas características conductas con las los que se impidió la participación de nuevos agentes y de excluir presiones competitivas que habrían podido traducirse en mejores condiciones de precio, calidad y variedad para minoristas, tiendas de barrio y consumidores que acuden a la central de abastos.
En consecuencia, la entidad concluyó que se vulneró el derecho de la ciudadanía a elegir libremente entre diversas opciones de oferta de productos agroalimentarios.
Además de las sanciones, la SIC ordenó a los sancionados eliminar de inmediato los elementos anticompetitivos identificados. En particular, ordenó a Corabastos ajustar su normativa interna para prevenir la reiteración de estas conductas, garantizando que su operación se sujete al régimen de libre competencia económica y que se asegure el acceso equitativo a esta infraestructura.
La entidad de vigilancia y control recordó en su decisión que Corabastos es el mercado mayorista más grande del país, por donde pasa más del 30% del abastecimiento nacional de productos, según datos del Dane. Esto la convierte en una infraestructura estratégica para la seguridad alimentaria.
La Superintendencia aclaró que la decisión está en proceso de notificación y, por tanto, no está en firme. Contra ella procede el recurso de reposición ante el Despacho de la SIC.
