Lo que inició como un siniestro de tránsito en la noche del 25 de marzo, terminó en una grave crisis de orden público y un bloqueo institucional en la Unidad de Protección Integral (UPI) La Florida. La Alcaldía de Bogotá anunció medidas legales contra miembros de la comunidad Embera Katío tras la retención ilegal de un ciudadano y la exigencia de dinero para su liberación.
Según el reporte oficial, un motociclista colisionó con integrantes de la comunidad asentada en los límites entre Bogotá y Funza. Tras el siniestro, el conductor no solo fue privado de su libertad por varias horas, sino que, presuntamente, los captores exigieron una suma de dinero a cambio de dejarlo ir. Además, el vehículo fue confiscado por la comunidad y, hasta el último informe, no ha sido devuelto a su propietario.
La situación requirió la intervención de la Policía de Funza, la Defensoría del Pueblo y equipos de mediación del Distrito. Aunque se logró la liberación del motociclista, la respuesta de la comunidad fue radical: desde la tarde del miércoles impidieron el ingreso de los funcionarios distritales a las instalaciones, dejando al asentamiento sin supervisión institucional.
La administración del alcalde Carlos Fernando Galán rechazó tajantemente los hechos, calificándolos como una vulneración a la ley y un riesgo para los propios habitantes del predio, donde cerca del 50% de la población son menores de edad.
“Interpondremos las denuncias correspondientes. Este es un predio distrital sujeto a la jurisdicción ordinaria y las actuaciones deben estar dentro del marco de la ley”, advirtió el Distrito.
Finalmente, la Alcaldía reiteró su urgencia al Gobierno Nacional para acelerar los procesos de retorno de estas comunidades a sus territorios ancestrales, señalando que la falta de soluciones definitivas sigue disparando focos de inseguridad y tensión social en los asentamientos temporales.
