Ante la crisis fiscal que atraviesa el país, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, fue enfático en señalar que todas las instituciones públicas, incluidas las de carácter nacional, territorial, judicial y de control, tienen el deber inapelable de recortar el gasto superfluo e improductivo durante los años 2026 y 2027. Las declaraciones del alto funcionario surgen en medio de la polémica generada por la reducción presupuestal destinada a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
A través de sus redes sociales y en declaraciones replicadas por la periodista Laura Duarte, el jefe de la cartera política sostuvo que en diversas dependencias estatales existe un exceso de recursos innecesarios, al que calificó como «grasa», además de prácticas asociadas a la politiquería y el derroche. Según el Ministro, el mensaje del presidente de la República mantiene un tono respetuoso e institucional, pero traza una línea clara de exigencia fiscal.
Frente a los cuestionamientos sobre el impacto de estas medidas, Lara aclaró que la política de austeridad promovida por el Ejecutivo no representa un incumplimiento de los compromisos o acuerdos internacionales adquiridos por el Estado. Por el contrario, argumentó que se trata de una acción necesaria para mejorar la eficiencia y responderle al país en un momento económico complejo.
