Ha transcurrido más de un mes desde el trágico suceso registrado el sábado 21 de junio en las inmediaciones del hospital Sandiego, en Cereté, donde José Luis Ariza, Ramiro Lora y Leider Zúñiga perdieron la vida tras ingresar a una caseta de bombeo del sistema de alcantarillado y quedar expuestos, presuntamente, a gases tóxicos. El dolor que embarga a las tres familias contrasta con el persistente vacío institucional, pues aún no se esclarece quién debía garantizar las condiciones de seguridad de dicha infraestructura.
La investigación sobre el caso demanda determinar si existieron protocolos de prevención, señalización y vigilancia adecuados por parte de Aqualia, empresa operadora del servicio, para evitar que una estructura pública se convirtiera en un riesgo letal. Aunque se indagan los motivos del ingreso de las víctimas, la discusión central apunta a establecer posibles fallas operativas y responsabilidades penales o administrativas.
Hasta el cierre de esta edición, las solicitudes de este medio a funcionarios de Aqualia para conocer su versión no obtuvieron respuesta, dejando latente el temor de las familias afectadas de que el caso quede en el silencio y la impunidad. Las autoridades competentes tienen ahora la misión de esclarecer los hechos y ofrecer respuestas definitivas a los allegados de las víctimas.
