La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) abrió una investigación formal y formuló pliego de cargos contra la empresa Jerónimo Martins Colombia S.A.S., propietaria de las Tiendas ARA, por presuntas y sistemáticas violaciones a los derechos de los consumidores colombianos. La determinación del organismo de control, plasmada en un documento oficial fechado el 2 de junio de 2026 se produjo tras una masiva oleada de más de 2.000 quejas ciudadanas y la recolección de pruebas mediante visitas de inspección técnica en diferentes puntos del país, en medio de la rápida expansión de las llamadas tiendas de descuento o hard discounts.
El expediente de la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor detalla cuatro frentes principales de posibles irregularidades. El primero corresponde a presuntos dobles cobros en pagos electrónicos, soportado en 825 quejas interpuestas entre febrero y julio de 2024, donde los usuarios denunciaron fallas que los obligaron a cancelar dos veces el valor de su compra al usar códigos QR u otros canales virtuales. Asimismo, la entidad estatal halló una falta de claridad en las condiciones y restricciones de los bonos de recompra entregados por concepto de garantías, información que supuestamente no se suministraba de forma oportuna ni visible en los almacenes físicos, relegando su consulta exclusivamente a la página web corporativa.
Otro de los hallazgos críticos que motivó la acción institucional fue la recurrente disparidad entre los precios anunciados en las estanterías y los valores reales liquidados en las cajas de pago, una anomalía que acumuló 1.363 reclamos formales entre enero de 2024 y marzo de 2025. Paralelamente, la SIC indaga si la cadena de supermercados incurrió en la entrega incorrecta de vueltas a los clientes o si ejecutó recaudos bajo conceptos de «donaciones» o «redondeos» sin contar con la debida autorización previa de los compradores, sumado a serias dudas sobre la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes en la entrega de premios de sus dinámicas promocionales y sorteos.
Con la apertura de este pliego de cargos se da inicio a un proceso administrativo formal en el que Tiendas ARA ejercerá su derecho a la defensa. La compañía tendrá la oportunidad de presentar sus descargos, argumentos y aportar el material probatorio que considere necesario para controvertir los señalamientos. Por su parte, la Superintendencia subrayó que el respeto estricto a las garantías de los consumidores constituye un mandato esencial del orden constitucional enfocado en asegurar condiciones dignas en el comercio de bienes dentro del territorio nacional.
