El proyecto del Tren de Cercanías del Valle del Cauca sufrió un duro revés al vencerse el plazo máximo (8 de noviembre) sin lograr la firma del acuerdo de cofinanciación por parte del Gobierno Nacional, lo que retrasa las obras al menos un año. A pesar de que la Gobernación del Valle y las alcaldías de Cali y Jamundí aseguraron contrarreloj el 30% de los recursos (COP 12 billones) con vigencias futuras, el 70% restante, que debía provenir de la Nación, no fue confirmado.
La polémica escaló cuando el presidente Gustavo Petro se refirió directamente a la negativa, vinculándola a la postura de la bancada vallecaucana en el Congreso.
«Me preguntó: ¿acaso parte de la bancada vallecaucana no hundió la ley de financiamiento, una y dos veces? Por tal razón debo priorizar la salida al mar de los centros de producción nacional. El ferrocarril de pasajeros y carga Buenaventura/Yumbo va adelante,» escribió el mandatario, anunciando que la segunda fase se dirigirá a Urabá y el Caribe.
Las declaraciones de Petro encendieron las alarmas de la gobernadora Dilian Francisca Toro, quien calificó la decisión como una «venganza política» ante la postura libre del Congreso.
En una fuerte respuesta, Toro acusó al presidente de incumplir sus promesas de campaña y de romper la unidad nacional con sus decisiones:
«Presidente: plantea usted una venganza política contra los vallecaucanos ante la postura libre y autónoma del Congreso de la República. Usted le está incumpliendo a los vallecaucanos sus compromisos de campaña echando mano de mentiras… Gracias por nada, Presidente, qué pequeñez la suya» sentenció la gobernadora, asegurando que el Valle del Cauca seguirá adelante «con usted o sin usted».
La confrontación subraya las tensiones entre el Gobierno Nacional y las autoridades del Valle en un momento crucial para el desarrollo de la infraestructura regional.
