El ambicioso plan del Gobierno Nacional para reorganizar el mapa de la salud en Colombia sufrió un nuevo y contundente tropiezo. El Consejo de Estado decidió suspender provisionalmente el decreto que pretendía convertir a la Nueva EPS en el operador único de salud en más de 500 municipios, calificando la medida como «desproporcionada» y un riesgo para los derechos fundamentales de los pacientes.
La norma establecía que las EPS con menos del 3% de afiliados en un departamento dejarían de operar en ese territorio, y sus usuarios serían trasladados principalmente a la Nueva EPS. Para el alto tribunal, esta medida podría afectar el derecho fundamental a la salud, al limitar la libre escogencia de EPS y poner en riesgo la continuidad y calidad del servicio.
Asimismo, advirtió que concentrar a los usuarios en pocas entidades, algunas con dificultades financieras, podría generar más problemas en la prestación del servicio. El Consejo de Estado también señaló que el decreto podría implicar un retroceso en las condiciones actuales del sistema de salud, al reducir las opciones disponibles para los usuarios.
La suspensión es provisional mientras se adopta una decisión de fondo. El Consejo de Estado continuará estudiando el caso y tomará una decisión definitiva más adelante. Esta decisión se da en el marco de un proceso de nulidad simple interpuesta por la congresista Katherine Miranda, quien se suma a otros sectores civiles que consideran la norma una «amenaza a los intereses colectivos».
Con esta medida cautelar, el Ministerio de Salud, bajo la dirección de Guillermo Alfonso Jaramillo, queda impedido para ejecutar los traslados masivos hasta que no se produzca un fallo de fondo. Por ahora
