La Asociación Sindical de Empleados de la Protección (ASEP) emitió un contundente pronunciamiento público en el que alerta sobre una «profunda crisis institucional» dentro de la Unidad Nacional de Protección (UNP), derivada de reiteradas fallas en los esquemas de seguridad que, según denuncias públicas, habrían costado la vida de varios protegidos.
Este panorama se da a conocer en un momento coyuntural de transición política, luego de que José Manuel Restrepo, vicepresidente electo y jefe de empalme del gobierno entrante de Abelardo De La Espriella, solicitara formalmente suspender los nuevos nombramientos en la entidad.
Ante este escenario y los anuncios sobre la ampliación de la planta de personal, que contempla la futura vinculación de 6.870 nuevos cargos, el sindicato solicitó formalmente al nuevo mandatario, a su vicepresidente y al equipo de empalme la instalación inmediata de una mesa de trabajo nacional. El objetivo de este espacio es exponer los verdaderos alcances de la reestructuración de la entidad, un proceso que, según la organización, trasciende los simples nombramientos y debe garantizar la eficacia del servicio, el respeto por la experiencia acumulada y la estabilidad de quienes han arriesgado sus vidas protegiendo a miles de colombianos.
Uno de los puntos más críticos señalados por ASEP es la necesidad de que el nuevo Gobierno impulse la construcción de un nuevo Manual de Funciones. El sindicato argumenta que el mérito debe basarse irrenunciablemente en la experiencia real en protección de personas para acceder a los cargos de Oficial de Protección, recordando que en Colombia no existen carreras universitarias que formen escoltas o evaluadores de riesgo, sino que estas competencias se adquieren mediante capacitación especializada y años de servicio.
En ese sentido, instaron a fortalecer las áreas misionales y administrativas con personal idóneo para reducir los tiempos de respuesta.
Asimismo, los trabajadores exigieron revisar con absoluta objetividad y transparencia los procesos previos, denunciando un presunto intento por privilegiar determinados requisitos académicos exprés sobre la trayectoria laboral. La organización sindical pidió investigar si existieron intereses particulares en la definición de dichos requisitos, señalando de manera directa iniciativas impulsadas por otra organización que suscribió convenios con la cuestionada Universidad San José para otorgar títulos que podrían haber favorecido ciertos nombramientos. Finalmente, ASEP reiteró que la nueva planta de personal debe ser implementada por el gobierno entrante bajo un marco de transparencia y legitimidad que supere las irregularidades de la administración saliente.
