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Usuarios de EPS pueden exigir reembolso por gastos asumidos ante fallas en la atención

Ante el preocupante aumento del «gasto de bolsillo» en los hogares colombianos —que ya alcanza el 17,2% del gasto total en salud—, la Defensoría del Pueblo lanzó un recordatorio vital: los usuarios tienen el derecho legal de exigir que las EPS les devuelvan el dinero invertido en servicios que el sistema debió garantizar y no lo hizo.

No se trata de un favor, sino de una obligación legal respaldada por la Ley Estatuaria de Salud (1751 de 2015) y múltiples sentencias de la Corte Constitucional (incluyendo la reciente T-155 de 2024). Estas normas estipulan que, si la EPS pone barreras, demora la atención o niega medicamentos injustificadamente, debe asumir el costo que el paciente haya pagado de manera particular.

Usted puede iniciar el proceso de reembolso si se vio obligado a pagar por:

Urgencias: Atendidas fuera de la red de su EPS.

Falta de red: Cuando no hay especialistas o servicios disponibles en su ciudad.

Negaciones: Medicamentos o procedimientos incluidos en el plan de beneficios que le fueron negados.

Barreras administrativas:Trámites excesivos que lo obligaron a acudir a un médico particular por cuenta propia.

Transporte: Gastos de desplazamiento necesarios para acceder al servicio de salud.

La Defensoría recomienda seguir este procedimiento para asegurar que su reclamación sea efectiva:

1. Recopile los soportes: Guarde facturas legales de venta (no recibos simples), historia clínica, fórmulas médicas y órdenes de servicio originales.

2. Radique un Derecho de Petición: Diríjase a su EPS invocando la Ley 1755 de 2015, adjuntando los soportes y solicitando el reintegro de los valores.

3. Tenga en cuenta el monto: La EPS no siempre devuelve el 100% de lo pagado en una clínica privada, sino que se basa en las tarifas oficiales del sistema de salud.

La entidad advirtió que en algunos departamentos las familias están asumiendo hasta el 30% de los costos de salud, una cifra alarmante que afecta la economía del hogar. El mensaje de la Defensoría es claro: el sistema no debe financiarse con el ahorro de los ciudadanos por fallas en la prestación del servicio.

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