La reciente ola de terror que azota al suroccidente colombiano no solo ha dejado una estela de dolor y muerte, sino que ha encendido un agudo debate sobre las motivaciones detrás de los ataques. El sargento retirado Alexander Chalá ha desatado una tormenta de opiniones al calificar la escalada de las disidencias como una pieza dentro de una «campaña política de extrema derecha».
Según Chalá, cuya voz ha ganado relevancia por sus posturas críticas frente a la reserva tradicional, los actos narcoterroristas —como el reciente atentado en Cajibío que cobró la vida de civiles— estarían siendo utilizados para inducir el voto a través del miedo. El exoficial sostiene que se trata de una estrategia cíclica en la que la inseguridad se convierte en el principal activo para que sectores políticos capitalicen la necesidad de orden en las urnas.
Esta postura no es aislada. Voces del oficialismo, como el representante Alfredo Mondragón y la senadora Sandra Ramírez, han coincidido en que existe una presunta instrumentalización del conflicto para favorecer discursos de militarización total y mano dura, justo cuando el panorama electoral comienza a agitarse.
La lectura del sargento (r) Chalá ha encontrado una muralla de críticas en la oposición. Figuras como la senadora Paloma Valencia han rechazado tajantemente esta visión, argumentando que la crisis de seguridad no es una «estrategia electoral», sino la consecuencia directa de una supuesta debilidad institucional y el empoderamiento de grupos como las disidencias de Iván Mordisco.
Para los críticos de Chalá, atribuir los atentados a un plan de la derecha es «minimizar la responsabilidad de los victimarios» y desviar la atención sobre la falta de control territorial por parte del Gobierno Nacional.
Las declaraciones se dan en el punto más crítico de la seguridad en la región, tras ataques con drones y explosivos que han dejado decenas de víctimas. Mientras la fuerza pública intenta recuperar el control en el Cauca, el país se divide entre quienes ven una estrategia de manipulación ciudadana y quienes denuncian un estado de desprotección absoluta.
