El próximo 20 de julio, mientras el país celebra la instalación de un nuevo periodo legislativo, la solemnidad del Capitolio Nacional se enfrentará a un choque de realidades jurídicas que parece sacado de la ficción de Macondo.
El congresista Wadith Manzur, privado de la libertad desde marzo por el escándalo de presunta corrupción en la UNGRD, ha solicitado formalmente a la Corte Suprema de Justicia que lo «deje salir» para ir a posesionarse en su curul. Una movida idéntica a la que intentó su colega Karen Manrique, a quien el alto tribunal ya le cerró la puerta en la cara bajo un argumento contundente: la prisión preventiva busca mitigar riesgos para la sociedad, y un acto protocolario no está en la lista de excepciones legales.
La Sala de Primera Instancia tiene ahora el balón en su cancha con el caso de Manzur. Más allá del desenlace jurídico, esta seguidilla de peticiones deja sobre la mesa una incómoda reflexión: la alarmante naturalidad con la que la política local intenta normalizar que se legisle o al menos se intente amarrar el poder desde un centro penitenciario.
