Mes: abril 2021

Los gerentes de la empresa Afinia fueron interpelados por los concejales de Montería en una Sesión Plenaria de Debate de Control Político, donde la empresa conoció las quejas de las comunidades, así como la frustración que sienten al ver que la realidad en materia de facturación e inversión, no ha cambiado mucho a 6 meses de la salida de Electricaribe.

Los directores y gerentes de Afinia hablaron de inversión, mejoras a futuro, socialización de planes con las comunidades, sin embargo, el presidente del Concejo, Leonel Marquez Sanes , fue enfático al decir, que la comunidad monteriana siente que “con el cambio ha sido peor el remedio que la enfermedad”.

“Los monterianos se quejan y acuden a estas instancias por la quema de sus electrodomésticos, por el cambio de voltaje, lo hacen no porque quieran quejarse, porque les hace felices, se quejan porque les está sucediendo”, dijo el cabildante de manera enfática durante su intervención.

Instó a la empresa Afinia a realizar reuniones permanentes para revisar la problemática sectorial: “Queremos que se establezcan compromisos y que se comprometan con la comunidad, que vayan a los barrios y escuchen a la gente”.

En este sentido, la gerente de Afinia, Liliana Barrios, sostuvo que la empresa hace su mejor esfuerzo, “pero esto no se cambia de la noche a la mañana, hay que tener paciencia”, sostuvo.

Dijo que vendrán mejoras en la calidad de servicio, en la facturación: “La idea es mantenernos en los barrios, incluso en la actualidad tenemos grupos de Whatsapp con todos los líderes y los mantenemos informados”, apuntó Barrios.

En la mañana de hoy, el Alcalde de Montería Carlos Ordosgoitia Sanin, recibió a los miembros de la comisión enviada por el Ministerio de Interior para liderar la concertación con la comunidad indígena del alto Sinú que se encuentra apostada en la zona céntrica de la ciudad desde el pasado martes 20 de abril.

La petición de la presencia del Gobierno Nacional para liderar el proceso de concertación y, a su vez de verificación en los municipios de origen de estas comunidades, había sido hecha por el mandatario de los monterianos ante la grave situación que se genera por la presencia masiva de la comunidad indígena en momentos en que la ciudad atraviesa por una nueva ola de contagios de Covid-19.

“Llevamos 30 días con altos contagios, la pandemia no da tregua y esta situación puede salirse de las manos”, afirmó el mandatario a los asesores del Ministerio del Interior a quienes agradeció su presencia en Montería y la disposición de iniciar una mesa de concertación con las comunidades.

Durante el encuentro en el que participó, igualmente la Personería Municipal, los asesores en materia de diálogo social del Ministerio del interior anunciaron que en las horas de la tarde se realizará el primer acercamiento con los líderes de las comunidades para escuchar sus peticiones y lograr que los indígenas desistan de las vías de hecho.

En lo expresado por los delegados de las comunidades en el pasado Comité Extraordinario de Justicia Transicional sus pliegos de peticiones están dirigidas directamente al ente territorial donde se ubican sus resguardos, a la Gobernación de Córdoba, Ministerios, Ejército Nacional, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y otras entidades, del orden departamental y nacional.

• En esta nueva fase del SENA del San Jorge, ubicada en Montelíbano, Córdoba municipio PDET, más de 800 personas podrán cursar carreras técnicas y tecnológicas en Producción Agropecuaria, Cárnicos, Fruver, Panadería, Cocina y Barismo con instalaciones y equipos de última tecnología.
• Este proyecto es llevado a cabo por el mecanismo de Obras por Impuestos por medio de la empresa Cerro Matoso con una inversión de $8.800 millones.
• Esta construcción de más de 1.200 metros cuadrados es el primer proyecto desarrollado bajo este mecanismo en el departamento de Córdoba.

Avanza a buen ritmo la construcción de la fase III del SENA en Montelíbano, la cual permitirá que más de 800 estudiantes estudien carreras técnicas y tecnológicas en Producción Agropecuaria, Cárnicos, Fruver, Panadería, Cocina y Barismo en medio de una novedosa estructura y con dotación de última tecnología, que aportará a la formación de calidad en Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré, municipios PDET del Sur de Córdoba.

La fase III del SENA del San Jorge es un proyecto llevado a cabo por el mecanismo de Obras por Impuestos, por medio de la empresa Cerro Matoso con una inversión de $8.800 millones, que contempla un área construida de 1.200 metros cuadrados. Allí se ubicarán bloques de alimentos, control de calidad y áreas administrativas. Además, la inversión incluye la construcción de vías internas, paisajismo, una cancha polideportiva y la dotación.

“Nuestro mejor aporte a la región es la educación, contribuyendo a que los jóvenes se preparen y puedan tener mayores oportunidades. Con la entrega que hicimos de la primera y de la segunda fase del SENA (con una inversión aproximada de $10.000 millones) y ahora con la construcción de esta tercera fase, a través del mecanismo de Obras por Impuestos, seguimos apostando a la formación de calidad en la región para más de 800 jóvenes en torno al procesamiento y conservación de alimentos y bebidas con instalaciones y equipos de última tecnología”,señaló Ricardo Gaviria, presidente de Cerro Matoso.

Una vez finalice el proceso constructivo (que se encuentra en el 99%) en los edificios de Agroindustria y Administración, pavimentación de vías internas, cancha polideportiva y paisajismo, se procederá a la instalación de equipos y dotación. Se estima la entrega de la obra completa para de junio de 2021.

 Durante una visita a la sede, el alcalde de Montelíbano José David Cura manifestó: “Es muy importante para todos nuestros estudiantes que puedan ingresar a los programas en el SENA; creería yo que este va a ser uno de los beneficios más significativos en los últimos años. Muchas gracias de nuevo a todas estas empresas que nos están ayudando y principalmente a Cerro Matoso por la compañía tan grande que está teniendo con el municipio y con nuestro sentido social”.

Igualmente, el director regional de SENA Córdoba, Víctor Ariza, hizo presencia en la construcción y comentó: “Realmente me encuentro muy complacido de encontrar estos avances. Va a ser una gran oportunidad para formar talento aquí en la zona del San Jorge y especialmente en Montelíbano”.

Cabe destacar que Cerro Matoso construyó y entregó al SENA las fases 1 y 2 de su sede en Montelíbano, con el fin de fortalecer los sectores: productivo, agropecuario, industria, comercio y servicios. Este proyecto se llevó a cabo en el marco de la Alianza por lo Social, que desde 2015 le permitió a la empresa, junto con el Gobierno nacional y local, invertir más de $45.000 millones en proyectos sociales de alto impacto en la región.

Esta fase III hace parte de la Alianza por el Territorio impulsada por Cerro Matoso y la Agencia de Renovación del Territorio (ART), con el fin de articular esfuerzos y acciones que permitan contribuir al desarrollo sostenible de las comunidades  de los municipios PDET de Montelíbano, Puerto Libertador y San José de Uré.

La inversión se realiza con cooperación del gobierno de Alemania. Las actividades van desde estudios técnicos hasta medidas de adaptación y obras.

El ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible recorrió una zona de Playa Blanca (San Antero, Córdoba), donde evidenció las afectaciones de la erosión.

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el fin de recuperar zonas que han sido afectadas por la erosión costera, invertirá ocho millones de euros en regiones de los departamentos de La Guajira, Magdalena, Córdoba y Antioquia.

El proyecto hace parte de la iniciativa denominada ‘Adaptación Basada en los Ecosistemas para la Protección contra la Erosión Costera en un Clima Cambiante’, en el marco de la Iniciativa Climática Internacional desarrollada por el gobierno de Alemania.

“Se trata de la recuperación de las playas, de la erosión costera en La Guajira, Magdalena, Córdoba y Urabá (Antioquia), es un proyecto que tendrá una ejecución de cinco años; es un compromiso del presidente Iván Duque con Córdoba y el golfo de Morrosquillo”, expresó el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Carlos Eduardo Correa, al término del recorrido por Playa Blanca, en el municipio de San Antero (Córdoba), donde se presentó la iniciativa, y pudo evidenciar, a través de un recorrido en lancha, las afectaciones ocasionadas por la erosión.

El objetivo del proyecto, además de focalizarse en los problemas de la erosión costera, es atender la pérdida de la resiliencia ecosistémica y el aumento de la vulnerabilidad socioambiental en áreas marinas y costeras debido a las fuertes condiciones océano-climáticas en el Caribe colombiano.

Erick Castro, de la Dirección de Asuntos Marinos, Costeros y Recursos Acuáticos (Damcra) del Minambiente, dijo que esto se hará a partir de la protección de ecosistemas estratégicos como corales, manglares, pastos marinos. “Buscamos que la naturaleza pueda recuperase por sí sola”, indicó.

Este año, en Córdoba se hará una inversión cercana a los 1160 millones de pesos, y se proyecta realizar intervenciones en 12 localidades de los cinco municipios costeros: Los Córdobas, Puerto Escondido, Moñitos, San Bernardo del Viento y San Antero.

“En Córdoba vamos a hacer un trabajo comunitario de restauración de manglar, recuperación de dunas, que son las que permiten que se mantenga la arena en la zona, y vamos a colocar arrecifes artificiales”, aseguró Castro.

Este proyecto de gran impacto ambiental y para las comunidades será ejecutado por el Minambiente a través de convenios con las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR) Corpoguajira, Corpamag, CVS y Corpourabá, con las cuales se realizó una evaluación previa para definir posibles lugares de intervención, de conformidad con las condiciones particulares de cada ecosistema y su impacto sobre la erosión costera, buscando priorizar el objetivo de adaptación al cambio climático.

Son tres los componentes del proyecto. El primero contempla la realización de estudios técnicos y planes de adaptación, así como lo concerniente a sistemas de monitoreo y la divulgación de la iniciativa, para lo cual el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar) apoyará las actividades; el segundo corresponde a la ejecución de medidas de adaptación en los territorios, y el tercero aborda la unidad de gestión que opera desde la Damcra, con apoyo de un consultor internacional y un fondo de adquisiciones que se encuentra en etapa de adjudicación.

Desde la alcaldía de Montería se gestiona que predios que hacen parte de la Sociedad de Activos Especiales pasen a manos de quienes hoy los habitan.

Villa Caribe es un barrio que durante muchos años ha tenido dificultades con la legalización de sus predios, teniendo en cuenta que en este sector 554 propiedades hacen parte de la Sociedad de Activos Especiales.

Gracias a la gestión ante la SAE por parte del mandatario de los monterianos, se abre la posibilidad que, a través de la Alcaldía de Montería, se adquieran los predios para ser entregados a las familias quienes, previamente los habían adquirido y hoy son activos de la sociedad.

El alcalde Carlos Ordosgoitia y el presidente de la SAE, recorrieron las calles de Villa Caribe donde verificaron a través de la cartografía, la ubicación de 554 lotes y viviendas que estarían en la lista en extinción de dominio. “Este es un barrio que queremos mucho y que llevamos en el corazón, estamos en Villa Caribe trabajando en conjunto para devolverle las garantías, la felicidad a sus habitantes de que puedan ser propietarios de sus viviendas”, manifestó el mandatario.

Igualmente, dijo que se creó una mesa de trabajo con la SAE para dar una pronta solución a esta problemática que se vive desde hace varios años, “estas son familias trabajadoras, madres cabezas de hogar, que con mucho esfuerzo adquirieron los lotes y construyeron sus viviendas, queremos que pronto puedan tener tranquilidad al ser propietarios, todo esto hace parte de nuestro componente del Plan de Gobierno, Montería Vive Bien”.

Por su parte, Andrés Ávila, presidente de la Sociedad de Activos Especiales, manifestó su compromiso para facilitar la solución que requiere Villa Caribe en relación con la titulación de las personas que viven en el lugar, y que fueron objeto de procesos de extinción de dominio.

“Podemos encontrar esa ruta, vamos a trabajar muy fuertemente para que en los próximos meses nosotros podamos estarles diciendo a la comunidad que se soluciona definitivamente el proceso de titulación, que este predio es adquirido por el municipio y que se hace un proceso transparente que permita que todos puedan solucionar sus inconvenientes con las construcciones que se han presentado”, afirmó el presidente de la SAE.

De esta manera, cientos de familias tendrán una ruta clara para la formalización de sus propiedades, puedan asegurar nuevas inversiones y proyectos que mejoren sus condiciones de vida.

El mandatario pidió al Gobierno Nacional a través del Ministerio del Interior, enviar una comisión al territorio donde se originan los desplazamientos de los indígenas.

El alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia Sanin pidió al Gobierno Nacional escuchar las peticiones de la comunidad indígena que se encuentra acampando en el Parque Central Simón Bolívar y Laureano Gómez proveniente del alto Sinú desde el pasado martes.

Para el mandatario, quien tuvo la oportunidad de escuchar a los manifestantes en el Comité Extraordinario de Justicia Transicional, dijo que no está dentro de sus posibilidades resolver las demandas que expresa la comunidad indígena, “el alcance de las peticiones como de las posibles soluciones, sobrepasan nuestra competencia como Municipio”.

En este sentido, Ordosgoitia Sanin preocupado por la salud pública en que se encuentra la ciudad ante la segunda ola de contagios de Covid-19, y ante las condiciones en que están los indígenas, escaló la problemática al Ministerio del Interior para que se conforme una comisión que lidere el proceso de concertación y, a su vez de verificación, directamente en los municipios de origen de estas comunidades, de manera que se puedan brindar las soluciones pertinentes para el caso.

“Hago un llamado a las fuerzas vivas del departamento para que sean garantes en una mesa de concertación que tengan participación las partes y se logre llegar a acuerdos que permitan el pronto regreso de estas familias a sus hogares”, dijo el mandatario.

Las peticiones de los líderes indígenas están dirigidas al ente territorial donde se ubican sus resguardos, a la Gobernación de Córdoba, Ministerios, Ejército Nacional, Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, y otras entidades, del orden departamental y nacional.

“Nos preocupa que este nuevo desplazamiento hacia Montería se convierta en el reflejo de lo que sucede desde el mes de diciembre con los más de 150 indígenas del pueblo Embera Katio, procedentes del Municipio de Tierralta – alto Sinú, que se encuentran acampando a los costados de las sedes administrativas de la empresa URRA, y hasta el día de hoy, han elevado una serie de peticiones que no han sido atendidas en la mesa interinstitucional que se conformó para tal fin, con entidades del orden departamental, nacional y sector privado”, expresó.

Mientras se resuelve la situación, el municipio seguirá brindando acompañamiento institucional a los indígenas de los pueblos Embera Katio y Zenú, y campesinos del alto Sinú, entre los que se encuentran un gran porcentaje de menores de edad.

30.000 toneladas de dióxido de carbono que habrían podido ir a la atmósfera, son capturadas anualmente por el bosque manglar.

Vida Manglar llegará a 9128 hectáreas para aumentar la capacidad de captura de carbono.

En la Bahía de Cispatá están los que son considerados los manglares en mejor estado del Caribe colombiano. Un ecosistema que ha sido catalogado como parte fundamental en los esfuerzos globales de mitigación y adaptación al cambio climático.

Fue precisamente este el lugar escogido para el desarrollo del proyecto de carbono azul que se ha convertido en referencia para el mundo. Se trata de Vida Manglar que, además de conservar 9128 hectáreas de bosques de manglar en las costas de Córdoba y Sucre, y de generar empleo en la zona, le apunta a la meta de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en un 51 % al año 2030, pues estos capturan 10 veces más dióxido de carbono que los bosques terrestres.

Hoy, el Vida Manglar fue presentado de manera oficial a las autoridades de la región y a la comunidad que ha sido clave para el desarrollo de este proyecto. De acuerdo con Carlos Eduardo Correa, ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con esta iniciativa se capturan 30.000 toneladas de CO2 anuales. “Un manglar captura 10 veces más que un bosque tropical, por eso llegaremos a 9128 hectáreas para aumentar la capacidad de captura de carbono”, expresó.

En ese sentido, también se pronunció el capitán Francisco Arias, director del Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar), quien dijo: “anteriormente, los manglares eran considerados un problema por la generación de metano, óxidos de azufre y CO2. Sin embargo, demostramos al mundo que atrapan el carbono, lo mineralizan y este no vuelve a la atmósfera. Hemos demostrado que el manglar puede trascender de un elemento paisajístico y de área intocable, a un productor de bienes y servicios ambientales sostenibles para que la comunidad prospere”.

Para Orlando Medina, director de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS), este proyecto afianzó el concepto de gobernanza. “Esto fue posible gracias a las comunidades que nos han acompañado desde el inicio en esta iniciativa que hoy tiene resultados tangibles en términos de conservación y de reducción de emisiones de CO2”, dijo. Agregó que se hizo una medición de las emisiones de mayo de 2015 al 31 de diciembre de 2018, y “arrojó una reducción de 69.000 toneladas”.

Vida Manglar se replicará en Sucre
Fabio Arjona, vicepresidente de Conservación Internacional, aseguró que este proyecto se extenderá a los sectores La Caimanera y Guacayama, en Sucre, que son otros relictos de manglar. “Este es un ejemplo mundial producto de un trabajo de investigación de muchos años que tuvo en cuenta a la comunidad que vive del manglar, demostrando que es posible el aprovechamiento sostenible”, manifestó.

Esta iniciativa tiene como aliados al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, a Invemar, Conservación Internacional Colombia, Fundación Omacha, CVS, la Corporación Autónoma Regional de Sucre (Carsucre). Cuenta con apoyo de la Unión Europea, Fundación Natura y Appel.